Mendoza: Malargüe se perfila como el centro del negocio megaminero 

   La medida busca impulsar la exploración y futura explotación de cobre, y generó rechazo entre las asambleas vecinales, que denunciaron violaciones a la Ley 7.722, conocida como "guardiana del agua". 

   Un punto controvertido es la participación de Apeleg SA, empresa formada por exfuncionarios provinciales y nacionales con acceso a información privilegiada y que controla 19 de los proyectos aprobados. Las firma fue creada recientemente con un capital mínimo, despertando sospechas de conflictos de interés y corrupción. Críticos señalan que este modelo refleja una nueva dinámica de negocios vinculados directamente al poder político.

   Mientras los implicados celebraban la aprobación, vecinos y organizaciones ambientalistas manifestaban su indignación en las calles, denunciando amenazas a derechos fundamentales y al medio ambiente.

Negocio redondo

   La Asamblea Vecinal de Uspallata denunció que, tras la aprobación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del MDMO, Apeleg SA ofrece a corporaciones transnacionales cada uno de los 19 proyectos que controla a u$s 500 mil -una ganancia potencial de u$s 10 millones para la empresa- sin haber hecho una sola inversión, ya que los costos del Informe de Impacto Ambiental fueron cubiertos por la empresa estatal Impulsa Mendoza. 

  La Asamblea acusa al gobierno de Alfredo Cornejo de favorecer intereses privados a través de la gestión pública, calificando el modelo como "especulación financiera encubierta" en el sector minero. Aunque estas sospechas circulan en medios y generan pedidos de informes, como el del diputado Emanuel Fugazzotto, hasta ahora no han sido respondidas por las autoridades.

Megaproyecto, megairregularidades

   "La aprobación del MDMO representa un avance significativo para la megaminería en Mendoza", señala el ambientalista Federico Soria, quien critica que "34 proyectos mineros fueron aprobados con un único proceso legislativo y un Informe de Impacto Ambiental generalizado, basado en simulaciones matemáticas y copias de informes previos". 

   La falta de individualización y análisis detallado también fue cuestionada por el senador Dugar Chappel, quien destacó que los proyectos son prácticamente idénticos y carecen de estudios específicos sobre el ambiente o las tareas a realizar.

   El distrito minero abarca 20.000 kilómetros y cuenta con 250 proyectos en distintas etapas, según la empresa estatal Impulsa Mendoza, siendo los 34 aprobados una primera fase. Sin embargo, Teresa Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua, alerta sobre la vulnerabilidad ambiental de estas áreas y la ausencia de información crucial, como impactos, medidas de protección y análisis de factores clave como climatología y biodiversidad. Además, se denuncia la falta de consulta al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que podría verse afectado por el proyecto.

Pacto extractivista, agua en peligro

  "La aprobación del MDMO refleja un acuerdo político entre la UCR y el Partido Justicialista, quienes, pese a mostrarse opuestos públicamente, comparten una visión extractivista", según Soria. "Este pacto recuerda el intento de ambos partidos en 2019 por derogar la Ley 7722, frustrado por la presión social". Además, Soria critica que "el partido gobernante busca diluir el costo político de estas decisiones al involucrar a otras fuerzas, que obviamente se prestan a ello".

   El proceso de aprobación de las 34 DIA fue extremadamente rápido: en menos de dos meses, desde la audiencia pública hasta la sanción definitiva, "con argumentos débiles y promesas vacías", según las Asambleas Populares por el Agua. Paralelamente, el Senado disolvió el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), transfiriendo el poder a la Dirección General de Irrigación, lo que, según los críticos, busca facilitar la gestión del agua para proyectos mineros.

   Teresa Cañas destaca que el agua es un recurso central en esta disputa. Señala que "la intención de modificar el Código de Aguas, vigente desde 1884, busca eliminar restricciones para proyectos en cuencas hídricas". Esto, "sumado a leyes recientes como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y el Código de Procedimiento Minero, evidencia un avance coordinado para beneficiar a intereses corporativos, priorizando la megaminería sobre el cuidado del agua y el ambiente".

Flexibilización de la 7722

   La aprobación del MDMO fue denunciada como un intento de debilitar progresivamente la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la extracción minera. Según los asambleístas, el gobierno encontró formas de "puentear" la norma, como aprobar múltiples proyectos en bloque sin debate público, transformando a la Legislatura en una extensión del Ejecutivo. Esto vulnera el espíritu de la ley, que exige un análisis caso por caso. 

   Además, las facultades de control, como la Policía Ambiental creada por la 7.722, quedan sin efecto práctico, ya que el control minero depende de la misma autoridad que promueve los proyectos: el Ministerio de Energía y Ambiente. El senador Chappel ironizó que "hubiera sido más directo derogar la ley", dado que sus principios han sido completamente neutralizados.

   La "transición energética" se utiliza como argumento recurrente para justificar la megaminería, con discursos que ignoran los costos ambientales y sociales para las comunidades afectadas. Teresa Cañas señala que "las preguntas clave —a quién beneficia y a qué costo— no han sido respondidas", y denuncia "la concentración de poder del gobierno en los tres poderes, medios de comunicación y universidades".