Trece funcionarios de la AFIP podrían ser cesanteados por investigar a CFK

La primera titular de la entonces AFIP, durante la presidencia de Alberto Fernández, Mercedes Marcó del Pont, ordenó una auditoría de la labor que llevaban adelante los inspectores conocidos como "sabuesos" que derivó en un sumario que continuó su sucesor, Carlos Castagneto.

Y las conclusiones se notificaron recién durante las últimas seis semanas, cuando recomendó echar o suspender a los agentes que investigaban el patrimonio de la expresidenta y sus hijos por la presunta evasión de impuestos.

Desde el entorno de la actual titular de ARCA, Florencia Misrahi, buscaron despegar a su gestión de la tramitación y conclusiones del sumario que -dicen- fue iniciado por las anteriores autoridades, entre ellas, a Virginia García, la excuñada de Máximo Kirchner, y a otros militantes de La Cámpora, como Gabriela Camiletti. También afirmaron que se designó "a un nuevo instructor", quien revisará los hechos hasta ahora, corregirá lo que deba corregirse y llegará a sus propias conclusiones, "sin fines persecutorios".

VICTIMIZAR A LOS KIRCHNER

Algunos de los sumariados -siempre según el diario La Nación- evalúan los pasos a seguir ante lo que sus defensores definen como una ofensiva que comenzó en 2020 y que desde entonces buscó sostener un "relato" que victimice a los Kirchner, pero que también buscó "disciplinar" o "amedrentar" a los restantes técnicos y funcionarios de la ex AFIP. A la vista del desgaste que ellos han sobrellevado durante los últimos cuatro años, alertan, muchos colegas evitarán las investigaciones sensibles o licuarán sus conclusiones.

Todos los técnicos sumarios integraron durante el macrismo la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, una de las áreas más sensibles y relevantes del organismo tributario, a las órdenes de Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios más resistidos por el kirchnerismo, al que desplazaron y también propugnaron cesantear.

Mecikovsky tampoco se quedó callado. En noviembre de 2021 acudió a los tribunales federales de Comodoro Py y denunció que Marcó del Pont y sus acólitos adulteraron las conclusiones de la auditoría interna OPI 16/20 y del informe confidencial de auditoría interna OCV 11/2020.

De ese modo, sostuvo, colaboraron para que los Kirchner pudieran argüir que habían sido víctimas de un inexistente "hostigamiento fiscal" y ayudarles a que no paguen sus deudas tributarias. Pero la ofensiva, además, benefició de manera indirecta a Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray en sus problemas judiciales.