"La ley garrote atenta contra los derechos humanos en Paraguay"

   Amnistía Internacional (AI) sostiene que la decisión del presidente paraguayo, Santiago Peña, al promulgar la "ley garrote", "va a contramano de un contundente rechazo social y de una amplia condena de la comunidad internacional a su aprobación".

  También manifiesta que este proyecto avanzó "con base en argumentos falaces" y refiere que ni las organizaciones civiles sin fines de lucro se encuentran actualmente exentas de rendir cuentas; ni esta ley contribuirá a ordenar los diferentes registros y rendiciones ya existentes.

   "Esta nueva ley violenta la libertad de asociación y de expresión, al derecho a la privacidad, a participar de los asuntos públicos y al derecho a defender los derechos humanos. Además, adolece de serios déficits legislativos, como la vulneración al principio de legalidad por la falta de precisión y claridad, incluyendo la finalidad, alcance e implementación, posibilitando una aplicación arbitraria y una injerencia estatal innecesaria y desproporcionada", refiere.

   Asimismo, AI manifiesta que en todo el proceso de tramitación no se han propiciado espacios de diálogo ni participación social, negando a los grupos afectados su derecho a la participación efectiva.

   También asegura que en innumerables ocasiones, varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron mesas de trabajo conjuntas que permitan trabajar colectivamente en una iniciativa legislativa acorde con los principios y normas que rigen en el país.

   Por último, señala que "es alarmante" que Paraguay siga los ejemplos de marcos legislativos que han habilitado la represión de la libre asociación como los proporcionados en otros países de la región y del mundo, como Venezuela, Nicaragua, México, El Salvador, Guatemala, Cuba, Hungría y Rusia, entre otros.

   AI explica que algunas de estas legislaciones han llevado a fuertes multas, amenazas, criminalización e incluso al cierre de organizaciones de la sociedad civil de manera arbitraria e injustificada. "Con esta decisión de la Presidencia de la República de Paraguay se profundiza el cierre del espacio cívico en el país y abre la puerta a graves arbitrariedades en el marco de su ejecución".

   La ley es cuestionada por el discrecional control de las organizaciones que se deja en manos del Ejecutivo paraguayo, especialmente las que trabajan con temas relacionados con la corrupción y transparencia de los órganos del Estado. En ese sentido, la oposición denuncia que "se trata de una persecución para acallar a la sociedad civil".