Allanamiento brutal e internación: nadie se hace cargo del operativo

El desmesurado operativo judicial y policial desplegado el lunes de la semana pasada en el barrio Provincias Unidas, en el que se destrozó el acceso a una vivienda para llevar, por la fuerza, a una empleada judicial para una supuesta evaluación de su salud mental, continúa generando repercusiones y repudios. A la par, nadie se hace cargo de lo sucedido.

Hay un dato clave: la fiscal en turno en aquel momento, al ser consultada telefónicamente por los jefes policiales que comandaban el operativo, dijo claramente que no había delito alguno que justificara el allanamiento, y expresamente comunicó que no se debía violentar la vivienda de G.C., la mujer de 42 años que, aterrorizada y solo defendida por sus vecinos, pedía que se le mostrara una orden judicial que nunca apareció.

Esa negativa de la fiscal abre dos posibilidades. Una es que entonces la Defensora General del Poder Judicial, Alicia Acalá, haya dicho a los policías que siguieran adelante de todos modos.

Alcalá había enviado, en días previos, un par de oficios a la sala de salud mental del Hospital Perrando requiriendo una evaluación de G.C., por motivos que no se conocen claramente aún. A su vez, G.C. es empleada de la Defensoría General, donde tiempo atrás habría efectuado una denuncia por violencia laboral.

La otra hipótesis es que la policía decidió por su cuenta seguir adelante. Pero un video que NORTE publicó en su edición web, uno de los jefes del operativo, filmado por los vecinos, dijo que el procedimiento era "porque la Defensora necesita que la traslademos (a G.C.) para una intervención en el hospital".

Alcalá, en declaraciones al canal Norte Federal, dijo no haber visto los videos de lo ocurrido y dio a entender que no intervino en definir cómo iba a actuar la policía ese día. "Yo no vi los videos porque no acostumbro a hacerlo porque no coincido con esas viralizaciones", dijo.

El jefe de Policía, Fernando Romero, en tanto, sostuvo que su fuerza actuó bien y en el marco de la ley.

Mientras, hay una investigación iniciada por una fiscal, un diputado adelantó que pedirá un jury para Alcalá y se van sumando repudios.