"La ley habilita mecanismos de destitución y estamos analizando las posibilidades"

Poco más de un mes ya pasó luego del descomunal operativo policial para retirar por la fuerza e internar a G.C., una usuaria del servicio de Salud Mental, que puso sobre el tapete la legitimidad de aquel procedimiento.

NORTE dialogó con Alejandro La Regina y Vanina Clerici, que patrocinan a G.C., quienes señalaron que aún con el tiempo que ya transcurrió, las responsabilidades institucionales siguen sin conocerse.

En una suerte de línea histórica, indicaron que 72 horas antes del hecho, profesionales de Salud Mental llegaron hasta el domicilio del barrio Provincias Unidas y no pudieron realizar a fondo una evaluación con la protagonista de la historia. Hacía pocos días que había sufrido el fallecimiento de su padre y su ánimo, naturalmente, no era el mejor.

Ante ello, la fiscalía de turno, la Defensoría General en la figura de Alicia Alcalá y la jueza de Familia 4 Vilma Almirón mantuvieron una reunión y allí Alcalá señaló que se debía "arbitrar los medios para garantizar el tratamiento de la mujer". Lo expuso como algo urgente que no fue tal, porque recién el lunes los policías ingresaron por la fuerza para llevarse a la mujer.

"Hubiese sido más fácil si con todos los vecinos que la conocen se la hubiese podido persuadir, o llamar a un cerrajero, antes que romper una casa", sostiene La Regina.

El resto es historia conocida, la mujer estuvo internada unos días y desde entonces nadie puede hacerse cargo de lo que ocurrió, un despliegue y una acción policial cinematográfica.

La Policía inició una investigación interna, pero acá no hay dudas de que actuó como auxiliar y alguien emitió una orden.

Se sabe que nunca existió una orden de allanamiento firmada por un juez de forma convencional, que es quien da pie a estas intervenciones. Entonces, si no se la había podido evaluar unos días antes, ¿cómo se determinó que existía riesgo de atentar contra sí o contra terceros una persona que además de presentar una afección transitaba un duelo?

Todos apuntan a Alcalá. El Gobierno salió a marcar los alcances de la labor policial y el Ministerio Público también le había soltado la mano al indicar que no hubo fiscal que participó de esta decisión y hasta el propio procurador Jorge Canteros daba cuenta de un "virtual secuestro institucional".

APELACIÓN

Cuando la jueza Almirón fue recusada y el caso quedó en manos del juez Juan Pablo Lubary, este último declaró abstracta determinar la legalidad del procedimiento en lo que hace a las responsabilidades administrativas del hecho.

No obstante, en una faz penal la causa sigue y la tarea de investigar está a cargo de la fiscal Rosana Soto, es aquí donde se centra la defensa de G.C.

Lo que llama la atención a los abogados y marcan es que se trata de un claro gesto de búsqueda de tapar responsabilidades de la apelación que hiciera el Órgano Revisor de la Ley de Salud Mental acerca de lo resuelto por Lubary. No es algo habitual. "Es una situación muy llamativa porque no entendemos cuál es el agravio que se manifiesta, a esto tenemos que agregar que tampoco son menores las irregularidades que hubo en el expediente cuando se permitió el acceso a la información, que puso en riesgo los derechos de la usuaria del servicio de Salud Mental", dice Clerici que finaliza señalando que el caso interpeló a una sociedad sobre un estado de indefensión ante atropellos institucionales.