Un cambio que puede ser importante en la burocracia estatal
La modificación a la Ley de Procedimientos Administrativos dice que si el Estado no responde a un procedimiento administrativo en el plazo establecido, se considerará aprobado. Antes se interpretaba como una negativa.
El oficialismo defiende la reforma como un impulso para la inversión privada, mientras que la oposición teme que favorezca a empresas en litigios contra el Estado.
La Jefatura de Gabinete tendrá 15 días para definir qué trámites se regirán por esta norma. El "silencio positivo" no se aplicará en casos donde la ley prohíba ciertas acciones sin un acto administrativo explícito.
El Gobierno reglamentó los plazos para implementar el "silencio positivo", que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 de 1972. Con esta nueva norma, si el Estado no responde a un procedimiento administrativo dentro del plazo establecido, se considerará aprobado, lo cual antes se interpretaba como una negativa. La medida entrará en vigor el 1° de noviembre de 2024 para la Administración Pública Central y el 1° de diciembre para los Organismos Descentralizados.
El oficialismo defiende la reforma como un impulso para la inversión privada, mientras que la oposición teme que favorezca a empresas en litigios contra el Estado.La Jefatura de Gabinete tendrá 15 días para definir qué trámites se regirán por esta norma. El "silencio positivo" no se aplicará en casos donde la ley prohíba ciertas acciones sin un acto administrativo explícito.
El Gobierno reglamentó este lunes, a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, los plazos para implementar el "silencio positivo", una modificación a la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sancionada en 1972.
Esta nueva disposición establece que, si el Estado no responde a un procedimiento administrativo en el plazo estipulado, se considerará aprobado. Antes, una demora de este tipo se interpretaba como una negativa.
La medida comenzará a regir el 1° de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados. Un mes después, el 1° de diciembre, se aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional.
Durante el debate en el Senado, el oficialismo argumentó que esta reforma, que forma parte de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos 27.742, tiene como objetivo incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado. La oposición, sin embargo, expresó su preocupación de que esta medida beneficie a empresas que litiguen contra el Estado.
“Silencio positivo”: cambio que puede ser importante en la burocracia estatal
La Jefatura de Gabinete tendrá 15 días para determinar qué trámites serán sujetos al "silencio positivo" y para ajustar la plataforma de trámites a distancia (TAD) en consecuencia.
Según Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, el "silencio positivo" se aplica cuando un ciudadano solicita a la administración que verifique el cumplimiento de condiciones legales para ejercer un derecho.
Sin embargo, este principio no se extiende a situaciones prohibidas por la ley que requieren un acto administrativo explícito.
La Ley de Procedimientos Administrativos de 1972 establecía que, en caso de silencio o ambigüedad de la Administración, se interpretaría como una negativa, salvo disposición expresa en contrario.
Ahora, la reforma del artículo 10 de dicha ley establece que el silencio se considerará positivo cuando se requiera una autorización o conformidad administrativa y el plazo para responder haya vencido sin una resolución expresa.
