Justicia lisiada
La presente nota surge como preocupación de los profesionales del fuero penal, que nos enfrentamos a una Justicia penal lisiada, abarrotada de intereses propios e institucionales que se alejan cada vez más de los principios básicos de la verdad y justicia, principalmente en las instancias de investigación, nos quedamos con una Justicia penal sin garantías constitucionales, no hay dónde acudir, atento a la evidente afectación a la Garantía de Independencia judicial en quienes deben controlar los actos del Ministerio Público, siendo una situación neurálgica ajustada a nuestra realidad. Aclaro que esta simple nota es solo a modo de reflexión sobre los siguientes sucesos de varios colegas del fuero, incluso de los mismos funcionarios judiciales, que solo pueden obedecer.
Todo aquel que transita o ha transitado por el fuero penal provincial, seguramente tiene en claro que el stock de jueces de garantías es variado: hay quien no trabaja prácticamente nada, porque está enemistado con el mundo entero; defensores particulares y oficiales, nadie elige litigar en ese Juzgado, y el juez se inhibe y lo recusan a granel, llenando de causas a otros juzgados por su propia falta de empatía e incompetencia propia del cargo.
Hay quien no asiste a su lugar de trabajo diariamente, como lo debe hacer el resto de los dependientes de la administración pública, y ocasionalmente algún día del mes se presenta por unas pocas horas y se retira. Por supuesto, las audiencias no cuentan con su presencia, como exigió el STJ al finalizar la época de pandemia. O bien un juez provisorio, suplente, impensado que no se llame a cubrir en forma titular un juzgado tan importante, al solo efecto de tener a un juez rehén de los intereses superiores, no permitiendo cumplir con su independencia judicial, limitada por el temor de la destitución del cargo provisorio.
Nada de eso molesta ni a la Procuración, ni a los políticos, incluso ni al mismo STJ, mientras sigan siendo funcionales, pueden ser o hacer lo que quieran. Y ahora se agravó aún más la situación: nos quedamos sin jueces independientes y probos, por ausencia de la jueza que ejerció durante 14 años su cargo en el Juzgado de Garantías N°1 de la Primera Circunscripción Judicial, persona que además no era funcional a otros intereses más que a la verdad y a la Constitución, tal vez por eso ya no está en funciones. Sin embargo, ha recibido los embates constantes de la Procuración, incluso del Poder Ejecutivo, que públicamente han salido por los medios e incluso por las redes sociales a tratar de desmerecer la labor desarrollada por jueces con la independencia necesaria para cumplir una función tan importante como es la de juzgar.
Tal vez ha molestado a esa parte la independencia, imparcialidad, objetividad y humanidad que deberían tener todos los jueces, como las que ya no están en sus funciones, impensadas en otros jueces sin la personalidad y orgullo necesario para cumplir su función como corresponde. Quedamos con una justicia lisiada.
Quiero con estos datos hacer notar que se ha perdido una justicia que desarrolla su función con equilibrio y justicia, y en un ambiente de respeto y consideración hacia quienes ejercemos la profesión en el fuero penal.
Ya no existen garantías en la Justicia chaqueña, no hay dónde acudir y eso es de gravedad institucional, preocupante en un Estado de Derecho.
Permítanme parafrasear las palabras de la expresidenta: "Dios me libre de ser jueza", porque estoy convencido de que esta independencia judicial ausente no habría ocurrido si se tratara de un juez hombre. Como señalé al principio, hay quienes ni siquiera trabajan, pero igualmente cobran su sueldo, pero de ellos nadie dice nada, y cuando hubo reclamos, rápidamente fueron acallados por los mismos personajes nefastos de nuestra Justicia, que defiende a sus lacayos judiciales funcionales.
Es decir, en la Justicia chaqueña se exige trabajar con perspectiva de género, se exige también la capacitación en las leyes pertinentes y es tema presente en todos y cada uno de los exámenes que se toman a quienes aspiran a un cargo, pero no se sanciona a un juez que defenestraba e insultaba a las defensoras oficiales que pasaban por su juzgado, no se hizo nada.
Está claro que, en estos tiempos, ser mujer e independiente, es una suerte de pecado mortal para algún sector machista, que aún continúa desplegando su poder dentro de esa estructura.
Por último, esta situación es un retroceso judicial a una época de desconocimiento de las normas constitucionales, y de los Pactos y Tratados Internacionales que nos rigen, justamente por quienes deben custodiar esas mismas Garantías constitucionales para todos los ciudadanos.
(*) El autor es magíster de la Asociación de Abogados Penalistas del Chaco.
