El Rigi y la disputa por la instalación de la planta de GNL

   La instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) por YPF y la petrolera malaya Petronas, destinada a transformar el gas de Vaca Muerta en material exportable, sigue siendo un tema de controversia política en Argentina. La inversión, que podría ascender a u$s 40-50 mil millones hasta 2031, se espera que genere exportaciones por más de u$s 30.000 millones al año una vez que la planta esté operativa. Durante su construcción, crearía 6.500 empleos directos e indirectos, y 3.000 durante su funcionamiento.

   La sanción de la Ley Bases, que incluye el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (Rigi), ha cambiado el panorama del proyecto, ofreciendo más beneficios para la instalación de estas industrias. La reforma laboral incluida en la Ley Bases, que permite despidos discrecionales y dificulta la organización de los trabajadores, también beneficia a los inversores.

   A la espera de la reglamentación y aplicación de estos beneficios, las empresas habían pausado el inicio del proyecto, generando una discusión entre las provincias de Buenos Aires (Bahía Blanca) y Río Negro (Punta Colorada) sobre la ubicación de la planta.

   Para la industria del petróleo, el gas y los hidrocarburos, el establecimiento de regímenes especiales de "incentivo" a las inversiones es habitual. Alberto Fernández ya había impulsado un proyecto de promoción del GNL para Petronas, con rebajas impositivas (IVA, ganancias, exenciones y "estabilidad fiscal"), disponibilidad de divisas para girar al exterior, amplias alícuotas de derecho a la exportación, entre otras. Antes, Cristina Kirchner y Kicillof crearon su propio "Rigi", cuando firmaron en 2012 el acuerdo secreto que establecía ventajas excepcionales para la estadounidense Chevron en Vaca Muerta.

   El capítulo del Rigi en el Senado fue aprobado con 38 votos a favor (incluidos tres senadores de Unión por la Patria) y 32 en contra, evidenciando el apoyo transversal al esquema de negocios que reclama el gran capital. 

   Desde el inicio del proyecto, Bahía Blanca ha sido presentada como la "receptora natural" de las inversiones debido a su puerto de gran calado, accesibilidad urbana, desarrollo industrial previo, recursos humanos y condiciones jurídicas favorables. La provincia reservó 1.500 hectáreas en la costa del estuario para la instalación de las plantas, aunque sin un estudio de impacto ambiental en un ecosistema ya afectado por la actividad portuaria e industrial.

   Según la revista "Environmental Research Health", las terminales de GNL en EEUU han causado enfermedades respiratorias y muertes debido al gran volumen de contaminantes emitidos. Además, el proyecto busca exportar gas de Vaca Muerta, donde se utiliza fracking, un método que consume grandes cantidades de agua y conlleva riesgos sísmicos. Esto profundiza el extractivismo en el país sin fomentar un desarrollo industrial y económico sostenible.

   La planta de GNL se sumaría al oleoducto "Vaca Muerta Sur", cuya construcción ya comenzó, y tendrá su terminal de exportación en Punta Colorada. En este contexto, el gobierno nacional y el titular de YPF, Horacio Marín, presionaban al gobernador Kicillof para que Buenos Aires adhiriera al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (Rigi) y lo ampliara con sus propios recursos.

   La megainversión del proyecto ha generado desde el principio choques y realineamientos en los principales partidos. Kicillof aclaró que su negativa al Rigi no era contra un régimen de promoción de inversiones en general, sino contra esta forma específica. En la legislatura bonaerense, todos los bloques, excepto el de Milei, apoyaron a Bahía Blanca como sede para la inversión. El PRO-Libertad, de Patricia Bullrich, propuso un "plan B" presentando un proyecto de ley para un Rigi especial en Buenos Aires. Pese a las diferencias, los gobiernos nacional, provinciales y municipales coinciden en facilitar el extractivismo, con discrepancias sobre quién ofrece mejores condiciones para las empresas beneficiarias.