Pedirán que no se realice la audiencia pública para redefinir la tarifa del agua

A tan solo un puñado de días para el 2 de agosto, fecha estipulada por el gobierno para el debate, el defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, confirmó que iniciará gestiones para que no se realice la audiencia pública convocada por Sameep, que tiene por objetivo actualizar el cuadro tarifario de las facturas de agua.

En el decreto publicado en el Boletín Oficial a fines de junio, la empresa argumenta que la revisión de las tarifas es necesaria, teniendo en cuenta la variación de los costos de producción y distribución de agua potable y recolección y tratamiento de efluentes cloacales.

En la práctica habitual, las empresas o entes oficiales que convocan a estas instancias de diálogo que no son vinculantes ofrecen, con varios días de anticipación, el estudio de costos que explican la actualización tarifaria propuesta, pero, hasta el momento, esto no ocurrió.

"No han mandado nada, dicen que lo preparan en la semana, pero mañana (por hoy) vamos a solicitar la no realización de la audiencia por no tener la información disponible", aseguró Voloj ante la consulta de NORTE.

CITA EN CHARATA

La convocatoria es para el 2 de agosto, a las 10, en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la Asociación Española, sito en calle 25 de Mayo 225.

Desde la empresa indican que la tarifa vigente de Sameep se encuentra desactualizada, dado que el último reajuste se realizó en diciembre de 2022. En virtud de esto "no se alcanzan a cubrir actualmente los costos propios de producción y distribución proyectados para este año".

"Las diversas fuentes de agua cruda que utiliza Sameep, como son los ríos Bermejo, Paraguay y Paraná, poseen características físicas y químicas y comportamientos muy variables a lo largo del año y los productos químicos utilizados para la potabilización del agua están elaborados con insumos cotizados en su mayoría en dólares", argumentan.

Hasta el momento no hay información fehaciente sobre cuál sería el porcentaje de aumento de las tarifas, pero extraoficialmente trascendió que el incremento no bajaría de 200%.

LA POSTURA DE LA DEFENSORÍA

Más allá de las gestiones para impedir la realización de la audiencia pública, la Defensoría del Pueblo prepara un planteo que se sostiene en tres pilares: el primero es la preocupación que surge del hecho de que en los considerandos y en los fundamentos del decreto del gobierno "en ningún momento se tenga en cuenta al usuario y que se siga viendo a la persona como un cliente y no como un usuario de servicios públicos".

En segundo lugar, el ombudsman se opondrá al aumento que se ubique entre el 200% o 300%, tal como trascendiera en las últimas jornadas. "Esto iría en contra de los criterios de gradualidad, proporcionalidad, razonabilidad y capacidad de ingreso del usuario que, desde el 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en los incrementos de los valores de los servicios públicos a través del fallo CEPI", apuntó.

Finalmente, la Defensoría va a plantear que más que de los considerandos se habla de actualizar la tarifa por los aumentos de los costos para tratamiento de agua cruda, "en ningún momento se prevén acciones concretas y directas frente a un escenario de un verano 2025 donde vamos a tener el ingreso de La Niña, temperaturas superiores a lo normal, menos cantidad de precipitaciones y posibles bajantes muy pronunciadas en los ríos Bermejo y Paraná", aseguró Voloj.s