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Ley Bases en Diputados

La importancia de las facultades delegadas

Diputados debate el proyecto de Ley Bases, que incluye la delegación de facultades legislativas al Presidente. La propuesta original le otorgaba al Ejecutivo facultades delegadas en 11 materias, pero en la versión actual quedaron 4.

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   La Cámara de Diputados discute el proyecto de ley titulado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el cual había recibido media sanción a fines de abril. Este proyecto, que fue aprobado por el Senado hace dos semanas con modificaciones, regresó a la Cámara baja para su revisión. Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa es la delegación de facultades legislativas al presidente Javier Milei.

   Inicialmente, el gobierno propuso declarar la emergencia y otorgar al Ejecutivo facultades delegadas en 11 áreas: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Sin embargo, en la versión aprobada por el Senado hace dos semanas, se redujeron estas áreas a solo cuatro: administrativa, económica, financiera y energética, con un plazo de delegación de un año, sujeto a posible prórroga.

¿Qué es la delegación de facultades legislativas?

  Según el artículo 76 de la Constitución nacional, "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública". Además, establece que esta delegación debe ser otorgada "con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

   La delegación legislativa es una facultad excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que temporalmente ejerza algunas de las facultades legislativas otorgadas por la Constitución al Poder Legislativo. El Congreso conserva la titularidad de estas facultades delegadas, puede ejercerlas durante el plazo de la delegación e incluso puede recuperarlas anticipadamente derogando la ley mediante la cual se otorgó, según explica el constitucionalista Alfonso Santiago (h) en la página web de la Cámara de Diputados.

   Santiago agrega: "El fundamento constitucional para permitir la delegación legislativa radica en la demanda normativa requerida para el adecuado funcionamiento de los sistemas políticos contemporáneos. Esta demanda no puede ser debidamente atendida mediante el procedimiento ordinario de sanción de leyes, debido a su cantidad, complejidad técnica y la necesidad de respuestas normativas rápidas para un desarrollo político eficaz en la actualidad".

   Durante el período de delegación en materias específicas o de emergencia pública, el Presidente, con su firma y la del Jefe de Gabinete, puede ejercer funciones legislativas a través de decretos, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por el Congreso en la ley de delegación, conocidas como "las bases de delegación".

Control de las facultades delegadas

   Los decretos de delegación legislativa están regulados por la Ley 26.122, la misma que controla los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Dentro de los 10 días de su emisión, el Jefe de Gabinete debe enviar el decreto a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que también supervisa los DNU. La Comisión evalúa la forma y la adecuación del decreto a las bases de delegación y al plazo establecido, no a su conveniencia. Después de emitir un dictamen, lo envía al pleno de cada cámara para su aprobación expresa. Para que el decreto pierda vigencia, ambas cámaras del Congreso deben rechazarlo.

   En cuanto a antecedentes, en enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, delegando facultades legislativas en áreas sociales, económicas, administrativas, financieras y cambiarias. Esta emergencia se prorrogó durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández hasta diciembre de 2017. Más tarde, en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández promulgó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, extendiendo la emergencia pública hasta diciembre de 2023 en múltiples áreas.

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