El Gobierno busca extender las facultades que se le concedieron por la Ley Bases

   Estas facultades permiten al Gobierno avanzar en una ambiciosa reforma del Estado, abarcando áreas como la administración, la economía, las finanzas y la energía, con potestad para eliminar, fusionar o transformar organismos públicos, empresas estatales y fondos fiduciarios.

   Fuentes oficiales confirmaron que los equipos jurídicos evalúan distintas alternativas legales para prorrogar estas competencias por al menos tres meses. Si bien admiten que la maniobra podría ser judicializada, aseguran que la opción está "en estudio".

  En la Casa Rosada reconocen las dificultades para conseguir apoyo legislativo que habilite una nueva ley de prórroga. En ambas cámaras del Congreso, los bloques aliados muestran resistencias, y el oficialismo no planea convocar al Parlamento antes de las elecciones legislativas de medio término: "No estamos en condiciones de llegar a acuerdos", deslizan desde Balcarce 50.

  Frente a este escenario, el Gobierno analiza recurrir a mecanismos constitucionales alternativos, tomando como antecedente el DNU 179/2025, que permitió avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), limitando el rol del Congreso a convalidar lo actuado. En ese decreto se invocó el artículo 99 de la Constitución Nacional, que autoriza al presidente a dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ante situaciones excepcionales que impidan seguir los trámites legislativos ordinarios, siempre que no se trate de cuestiones penales, tributarias, electorales o partidarias.

   En caso de optar por esta vía, el DNU debería ser enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso en un plazo de diez días desde su publicación. Este cuerpo, presidido por el senador Juan Carlos Pagotto, sería el encargado de impulsar su tratamiento parlamentario.

   El Ejecutivo también cuenta con jurisprudencia favorable de la Corte Suprema. En particular, el fallo "Verocchi" (Fallos 322:1726), que define la "excepcionalidad" como aquella situación que requiere una solución legislativa urgente e incompatible con los tiempos habituales del Congreso.

   De avanzar por este camino, el Gobierno buscaría blindar políticamente el proceso, sobre todo en un contexto marcado por el calendario electoral.

  En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya tiene diseñadas varias medidas que dependen directamente de estas facultades delegadas. Entre ellas se cuentan la eliminación de 24 organismos, la fusión de 15 estructuras, la transformación de otras 16, y la derogación de más de 40 leyes. También se proyecta la disolución de todos los fondos fiduciarios, con excepción del que subsidia el consumo residencial de gas.