La CIDH indaga sobre el operativo de seguridad del miércoles 12

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado argentino a una audiencia el próximo 11 de julio para que informe sobre su actuación ante las violentas manifestaciones que activistas del kirchnerismo y la izquierda desplegaron el miércoles 12 de este mes, en cercanías del Congreso.

Lo hizo a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El ataque a efectivos de las fuerzas de seguridad con proyectiles de todo tipo y bombas molotov, la destrucción de vehículos particulares y los daños provocados a bienes públicos y privados dieron lugar a una respuesta firme del dispositivo de seguridad montado por el gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que procedió a la detención de unas treinta personas.

Alrededor de veinte policías resultaron heridos. Las organizaciones que se movilizaron hacia el Congreso ese día buscaban manifestarse contra la Ley Bases, impulsada por el gobierno de Javier Milei, considerada por el Poder Ejecutivo como soporte clave de su programa económico y como una herramienta de mayor ajuste por el sector de la oposición que decidió no votar la norma.

El fiscal federal que intervino en el caso, Carlos Stornelli, imputó a los detenidos por "delitos graves contra la seguridad pública", "contra el orden público", "atentado a la autoridad", "lesiones", "incendio", "estrago" y "perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo".

Dos miradas sobre una jornada de violencia feroz

A última hora del viernes, la jueza María Servini dispuso la liberación de 17 personas pero dejó en las cárceles federales a las 16 restantes, en medio de la polémica generada por ambas decisiones.

En cuanto a las liberaciones, por la sensación de que los gravísimos desmanes en los alrededores del Congreso, en ocasión del tratamiento de la Ley Bases, volvía a tener un tratamiento benévolo por parte de la justicia, como en ocasiones similares ocurridas en la historia reciente del país, donde hechos similares de violencia no tuvieron sanciones significativas.

Pero también hubo críticas, sobre todo desde el kirchnerismo y la izquierda, a la decisión de la jueza de mantener en prisión a otros tantos manifestantes detenidos durante los ataques a fuerzas de seguridad y edificios públicos y privados.

Para esas organizaciones opositoras, que esos activistas permanezcan encarcelados es una arbitrariedad. El CELS, por ejemplo, consideró que "con el fallo de Servini quedó claro que el fiscal Stornelli pidió que las personas detenidas quedaran presas en cárceles federales sin ningún tipo de pruebas.

Stornelli actuó como un brazo del Ejecutivo, planteando las hipótesis más graves, cuando estas personas deberían estar libres y esta no debería ser una causa federal. Patricia Bullrich plantea que la protesta no es algo propio de la democracia".

Otra voces se alzaron en sentido parecido, ignorando la inusitada violencia desplegada en las calles, donde se lanzaron piedras y otros proyectiles contra los efectivos del dispositivo de seguridad, y se llegaron a usar bombas molotov para tratar de forzar a una suspensión de la sesión del Senado, además de volcar e incendiar vehículos particulares y de un medio de prensa.