Destrozos en el Congreso: grave acusación y pedido de preventivas para detenidos

La causa por los destrozos durante el debate de la Ley de Bases en el Senado, en las afueras del Congreso, comenzó a moverse. Mientras, todos los detenidos -en total 33- quedaron a disposición de la jueza federal María Servini, quien comenzará a indagarlos. El fiscal Carlos Stornelli los acusó por graves delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas y pidió sus prisiones preventivas.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, había anunciado presentarse como querellante en el expediente. Sin embargo, poco después, dio marcha atrás con la decisión. "Dado el requerimiento de Stornelli, no hace falta convertirnos en querellante", señalaron.

La causa tiene más de 30 detenidos. Una veintena de personas había quedado el miércoles a disposición de la Justicia porteña, y otra decena detenidos por la justicia federal. A eso se sumaron un par de arrestados por robos bajo la órbita de la justicia de instrucción ordinaria. Ayer los otros fueros decidieron enviarle sus causas a la jueza Servini, quien concentrará toda la causa.

"Esta es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y garantías de las personas que podrían resultar acusadas, ya que proceder de forma contraria, implicaría duplicar los procesos, y posibilitar el dictado de pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, además de poder dilatar cuestiones que resultan de urgente tratamiento y resolución", se señaló desde la Justicia porteña al remitir el expediente.

Sobre esa base, el fiscal Stornelli dictaminó que el caso analiza las acciones y conductas "en algún caso bajo posible forma organizada, tendiente a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vía democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso" que se encontraban sesionando.

"Todo ello mediante el ejercicio de la violencia" que se tradujeron en "múltiples atentados a la autoridad, en lesiones al personal preventor, en daños simples y agravados, en incendios y estragos dolosos, en algunos casos en la tenencia y utilización de material explosivos y/o incendiario".

Los delitos imputados son "lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación". Es decir, acciones terroristas.

Los diez detenidos que en un primer momento quedaron a disposición de Comodoro Py fueron Nora Longo de 59 años, Belén Yanina Ocampo de 28; Mía Pilar Ocampo, 18; Ramón Remigio Ocampo de 64; Matías Lionel Ramírez de 40 años; Roberto Maria de la Cruz Gómez de 44; Facundo Gómez de 31 y Santiago Lautaro Adano de 38. Además de Brian Ortiz y Gabriel Famulari.

Más tarde, se sumaron a la causa los detenidos en la Justicia porteña: Daniel Sica, Martín Dirroco, Mateo Dettore, Germán Moyano, Gonzalo Duró, Juan Espinetto, Julia Oliva, Sofía Ottogali, Nicolás Mayorga, Sasha Lyardej, Héctor Mallea, Fernando Leone, Cristian Ferreira, Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Juan Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramón Méndez Palacios, Luis De la Vega, Diego Iturburu, Ricardo Shariff, Lucía Puglia y Ramona Tocaba.

"Ante la gravedad de los hechos en consideración del estado incipiente de la investigación la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí- sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente la investigación, solicitará a VS que se orden sus prisiones preventivas", dijo Stornelli en su dictamen ante la jueza.

Según se informó en un comunicado, el Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que "a consecuencia de dichos acontecimientos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños: un automóvil incendiado intencionalmente, del mismo modo que la totalidad de las bicicletas del gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas". "Hasta el momento, hay 33 personas detenidas, pero estimamos que habrá más, en la medida en que sean identificadas", dijo el Ministerio.

En un primer comunicado, el Ministerio anunció la decisión de presentarse "oportunamente como querellante, no solo contra los individuos detenidos, sino también contra los que resulten identificados por las cámaras emplazadas en la vía pública y también a los líderes de las organizaciones a quienes respondieren los imputados". Sin embargo, más tarde corrigió el comunicado sin la decisión de querellar.

Las fuentes explicaron que se debía a los términos del dictamen de Stornelli. Es que, tal como se detalló en ese primer comunicado, "nuestra querella apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con el agravante del artículo 41 quinquies, previsto para acciones terroristas".

El Ministerio Público también demandará los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no solo las erogaciones necesarias para el despliegue, sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado. Solo los destrozos en el mobiliario urbano ascendería a casi $100.000 millones.

Tras los episodios del miércoles, hubo varias denuncias en Comodoro Py por los desmanes y que terminarían sumadas al expediente de Servini. A primera hora, el legislador porteño por Republicanos Unidos, Yamil Santoro y los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunciaron a las "personas que hubieren participado, a título de autores, coautores, instigadores, partícipes o de cualquier otro modo de participación criminal" de los hechos. La incluye la posible comisión de los delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo.