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Defensores del Pueblo reunidos por el estado de rutas nacionales y planes de ahorro

Representantes del Chaco, Formosa, Santa Fe y CABA gestionan soluciones por el estado de rutas nacionales y planes de ahorro.

Los defensores del Pueblo de Chaco, Bernardo Voloj, de Formosa, que estuvo representada por su Adjunta Sylvina Portillo, de Santa Fe, Jorge Henny, y de CABA, María Rosa Muiños, se presentaron en las Oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad en Buenos Aires, a cargo de Raúl Bértola, y formalizaron una solicitud por escrito. Reclaman que el gobierno nacional, "defina los proyectos, licitaciones y acciones urgentes que recuperen la transitabilidad plena de la ruta nacional 11, traza que en toda su extensión presenta obras inconclusas, demandando reparaciones, bacheos en prolongados tramos y que son necesarios para evitar continuar poniendo en riesgo vidas humanas y, por otra parte, dar respuestas a los miles de vehículos que diariamente transitan la misma y que transportan la producción del Noroeste Argentino".

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El defensor Bernardo Voloj (izq) junto a sus pares de Formosa, Santa Fe y CABA durante las presentaciones en Buenos Aires.

El ombudsman del Chaco, Bernardo Voloj, señaló que se realiza junto con las Defensorías del Pueblo de Formosa y Santa Fe "un mapeo de relevamiento del estado actual de todo el recorrido de la ruta nacional 11 y que atraviesa las Jurisdicciones de nuestras provincias, el cual será debidamente presentado al actual administrador general de Vialidad Nacional". Se incluyó, además, el pedido de continuidad, reparación, mantenimiento e iluminación de las rutas nacionales 89, 16 y 95.

DESMEDIDOS AUMENTOS

Posteriormente, los funcionarios se reunieron con Daniel Vítolo, actual titular de la Inspección General de Justicia de la Nación, a quien le demandaron el dictado de nuevos instrumentos conforme a su competencia, que permitan dar respuesta a los cientos de adherentes y adjudicatarios de -Planes de Ahorros para Fines Determinados- que vienen recibiendo desmedidos aumentos en sus cuotas mensuales que superan ampliamente más del 300%, lo que las convierten en impagables y colocan a los consumidores, ante la posibilidad cierta de ser pasibles de Ejecuciones Prendarias por parte de las Sociedades Administradoras.

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