Para la organización Fundar, el RIGI se tiene que rechazar o modificar sustantivamente

La organización Fundar se dedica al estudio, investigación y diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo sustentable e inclusivo. 

Su director ejecutivo Martín Reydó contactó a NORTE para difundir por qué considera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como un proyecto ‘antiArgentina’.  

Fuertes cambios 

"La posición de Fundar es que el régimen o se rechaza por completo o necesita ser sustantivamente modificado", sostiene el magíster en Administración Pública (Columbia University). 

En detalle el especialista repasa los principales puntos del proyecto del gobierno nacional que se debate en el Senado. 

Atracción de inversores

Reydó coincide en que la Argentina necesita atraer inversión extranjera directa (IED) como condición indispensable para explotar recursos naturales. Sin embargo esa decisión tiene que ser inteligente: "Hay que hacerlo capturando renta, cuidando el ambiente y desarrollando proveedores y capacidades productivas locales. Pero el RIGI va a en contra de los tres objetivos a la vez", asegura.

Diferencias en los aranceles 

Uno de los integrantes regionales de Fundar, Juan Martín Fernández se refiere a las diferencias que generan aranceles ventajosos para importadores en contraposición con quienes producen localmente. "El régimen permite importar insumos con arancel cero, mientras que los productores locales enfrentan aranceles del 15%; esto crea una desventaja competitiva y favorece la importación sobre la producción local", contrasta.

Empresas locales

En relación con el impacto en las relaciones de las empresas y el Estado argentino, Martín Reydó plantea que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impide el uso de políticas industriales para desarrollar sectores productivos locales. 

El cuestionamiento se centra en que, por ejemplo, implicaría abrir la puerta a la importación de tecnología obsoleta, afectando negativamente al ambiente y a la calidad de la producción.

Jurisdicción que arbitra

Fundar señala que el RIGI supone renunciar a la jurisdicción nacional, porque en situaciones de arbitraje las empresas tienen derecho a acudir directamente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial. Es decir que evita la soberanía legal del país. 

En resumen se señala que "aunque el régimen busca atraer inversiones mediante condiciones favorables, su diseño puede ser contraproducente, limitando severamente las capacidades regulatorias del Estado y comprometiendo el desarrollo sostenible y autónomo del país".