El Gobierno recalcula la estrategia y pone un freno al nuevo paquete de desregulación

El Gobierno mantiene bajo revisión el envío del paquete de reformas de desregulación sobre seguros, cabotaje, mercado inmobiliario y de capitales. En el Ejecutivo aseguran que el proyecto sigue en elaboración dentro de los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y descartan remitirlo al Congreso este viernes.

En la Casa Rosada sostienen, de todos modos, que la intención oficial es enviarlo durante junio. El paquete forma parte de la segunda tanda de reformas que quedó afuera del último envío legislativo, que incluyó el Súper RIGI, la ley de lobby, los cambios en etiquetado frontal y ludopatía. 
El texto apunta a modificar regulaciones de sectores con fuerte peso económico y alta sensibilidad política. En Nación lo presentan como una nueva etapa de la agenda de desregulación, con foco en "bajar costos y ampliar competencia".

Cada capítulo, sin embargo, abre discusiones distintas con actores privados, sindicatos, colegios profesionales, reguladores y provincias.
Uno de los ejes es el mercado de seguros. Javier Milei viene haciendo referencia a la "revolución de los seguros" en sus últimos discursos y vinculó esa idea con una reducción del rol del Estado como prestador de última instancia. 
El segundo capítulo sensible es cabotaje.

Sturzenegger viene argumentando que el costo del transporte fluvial interno obliga a mover por camión cargas que podrían circular por ríos, como madera del NEA, arenas de Entre Ríos hacia Vaca Muerta o soja del norte hacia Rosario. En el Gobierno sostienen que liberar la navegación interior podría reducir costos logísticos en provincias del litoral y mejorar la competitividad exportadora.

La reforma apunta a modificar el régimen de cabotaje, que reserva la navegación entre puertos argentinos a embarcaciones de bandera nacional y tripulación local.
El tercer frente es el mercado inmobiliario. El borrador que circula en el sector apunta a eliminar la matrícula obligatoria y el título universitario como requisitos para ejercer la intermediación inmobiliaria.
La próxima reunión de mesa política será parte de esa definición. El Gobierno busca ordenar prioridades, poroteos y secuencia de envíos. El paquete de desregulación tiene alto impacto económico, pero también alto nivel de conflictividad sectorial.