Organismo de la Iglesia trazó un preocupante cuadro social

   La Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo del Episcopado, ha delineado un panorama preocupante en su último informe. Se reporta la pérdida de 60,000 empleos en la industria de la construcción, afectando a unas 1,400 empresas del sector debido a la paralización de la obra pública. Además, se registra una caída del 28.5% en las ventas minoristas en enero, junto con una inflación persistente y un ajuste del 38.1% en las jubilaciones, lo que ha impactado en la capacidad adquisitiva y los salarios. Todo esto ocurre en un contexto de creciente pobreza, según el organismo.

   En relación con el gobierno de Javier Milei, que cumple 100 días en el cargo, la Comisión advierte sobre un aumento en la demanda de alimentos en los comedores comunitarios, así como sobre la preocupación por la calidad institucional de las medidas gubernamentales. Se menciona en particular el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, actualmente en vigor, que ha modificado más de 70 áreas reguladas por leyes del Congreso y la Constitución.

   Históricamente comprometida con diversas crisis sociales e institucionales en el país, la Comisión expresa en sus pronunciamientos la postura predominante entre los obispos. En esta declaración, destaca el apoyo a la gestión actual por parte de sectores de bajos ingresos, e incluso aquellos directamente afectados por la inflación y la recesión. También se menciona el respaldo de sectores con mayores recursos, liderados por cámaras de grandes empresas. Sin embargo, se advierte sobre un clima de alta fractura social, con expresiones de polarización y alegría en las redes sociales ante situaciones de despidos, lo que refleja una agresividad social amplificada por el uso de dispositivos móviles y computadoras. 

"Insensibilidad social"

   La comisión, compuesta por laicos designados por el Episcopado, ha destacado la insensibilidad social de las autoridades en las medidas de ajuste, enfatizando la preocupación por la cultura de odio y individualismo extremo que se ha generado.

   En relación con la situación económica y laboral, la comisión ha subrayado la tensión existente con los movimientos populares y los gremios debido a los despidos tanto en el sector público como en el privado. Mientras tanto, se señala que los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas no se han visto afectados, contrastando con el ajuste a trabajadores y jubilados que se ha observado.

   La comisión ha fundamentado su diagnóstico en informes diarios de diversos sectores, los cuales indican una multiplicación de situaciones que afectan la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones.

   En cuanto a cifras concretas, se ha mencionado la pérdida de 60,000 empleos directos en el sector de la construcción, así como una caída del 28.5% en las ventas minoristas en enero. Además, se ha destacado la difícil situación de la agricultura familiar y la devastadora combinación de persistente inflación, incremento de precios y tarifas, que ha afectado la vida cotidiana de los argentinos.

   La comisión también ha expresado preocupación por la caída de los salarios en el sector público y privado, así como por el impacto del ajuste en las jubilaciones y pensiones contributivas. Se ha mencionado la necesidad urgente de devolver a la política su carácter de una de las formas más preciosas de la caridad, promoviendo el bien común y la dignidad humana.