El debilitamiento de Agricultura Familiar
La Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina, sumó su voz a las preocupaciones expresadas desde distintos sectores de la comunidad por la drástica reducción de personal y presupuesto que afecta a distintas delegaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, un organismo que hasta 2015 estaba enfocado a reducir las desigualdades en las distintas economías regionales del país a través de la asistencia al trabajo de los pequeños y medianos productores agropecuarios.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz lamentó que se hayan debilitado los distintos canales de diálogo que existían entre el Ejecutivo nacional y los trabajadores de Agricultura Familiar que, vale recordar, venían cumpliendo una valiosa tarea con asistencia técnica y económica a pequeños productores y sus familias.
En ese sentido, este espacio católico presidido por el laico Emilio Inzaurraga y que cuenta con el asesoramiento del obispo de San Juan, Jorge Lozano, advirtió que si se mantiene este preocupante escenario no serán pocas las familias que, lamentablemente, “quedarán totalmente desguarnecidas”.
A través de un comunicado, la Comisión señaló que ve con preocupación “que los equipos técnicos al servicio de las familias de pequeños productores -que son esenciales para el trabajo de desarrollo y crecimiento con estas familias-, sea en los territorios o en reparticiones ligadas al sector, estén siendo reducidos en forma drástica y se haya reducido el financiamiento de varios programas”.
Es importante remarcar el pedido que hizo Justicia y Paz para que “en aquellas coyunturas que exijan restricciones, los costos económicos y sociales no recaigan sobre los débiles”. Hay que reconocer que el actual momento económico que vive el país va en sentido contrario a lo que plantea este pedido, ya que con las continuas devaluaciones que sufre la moneda, así como el aumento de precios y tarifas se golpea con mayor dureza a las familias de trabajadores que, justamente, son los sectores que en estas situaciones difíciles deben recibir mayor protección y apoyo, como bien plantea la Comisión.
Sin embargo, pese a las advertencias que se hicieron sobre la difícil situación que viven los sectores más vulnerables, una vez más, el Ministerio de Agroindustria a cargo del polémico ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevehere, no tuvo mejor idea que despedir a técnicos que venían desarrollando importantes apoyos a favor de la agricultura familiar.
Como si fuera poco, también se pusieron en práctica desde escritorios de oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires medidas de drástico ajuste que, como no podía ser de otra manera, se tradujeron en el desfinanciamiento de Agricultura Familiar.Es en este marco que trabajadores del organismo que asiste pequeños productores vienen realizando medidas de fuerzas en todas las delegaciones del país, en rechazo al desmantelamiento del organismo y para reclamar la reincorporación de los técnicos despedidos.
Por su parte, los integrantes de la comisión de Justicia y Paz recordaron que mantienen contacto con organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena de las distintas provincias, remarcando que ese vínculo les ayudó a valorar los inestimables aportes de la agricultura familiar en la producción de alimentos, el arraigo poblacional en los territorios, el cuidado y la preservación de los bienes naturales que son patrimonio de todos.
A todo esto debe agregarse otro dato, que no es menor: sigue demorada la reglamentación de la ley 27118 de agricultura familiar, pese a los pedidos expresos que se hicieron desde distintos sectores que consideran que este marco normativo puede aportar soluciones a muchos de los problemas planteados en este sector de la economía.
Es de esperar que, como reclama la Comisión Nacional de Justicia y Paz, “se arbitren alternativas de soluciones concretas para el desarrollo integral de la agricultura familiar, privilegiando el bien común y el diálogo conducente a alcanzarlo, acordes con los tiempos, las urgencias y el deterioro que se está dando en las economías locales, con el riesgo de que los problemas se agraven y se pierda lo logrado”.
Es lamentable que, mientras el modelo económico nacional vigente sigue favoreciendo la especulación financiera, quienes trabajan en la agricultura familiar y apuestan al trabajo deban sufrir las consecuencias del desmantelamiento de un área del Estado que es fundamental para el entramado social y productivo de las distintas economías regionales del país.
