Fracturas y disoluciones 

Los gobernadores

Los mandatarios patagónicos, aún absortos por el reparto de la coparticipación, se hicieron lugar para pronunciarse conjuntamente en solidaridad con el santafesino Pullaro y para recordar que la "seguridad" contra los narcos es responsabilidad federal –tiene que pagarla el Tesoro nacional. También el bonaerense Kicilloff agregó lo suyo: "Nosotros reimpulsamos la federalización de los delitos de narcomenudeo, porque cuando tiramos abajo búnkeres de droga, eso es un delito que le corresponde a Provincia, pero cómo llega esa droga y el tema de las organizaciones criminales son de la Justicia federal".

En este marco fue que Villarruel aportó su granito de arena en la crisis política entre gobiernos provinciales y el gobierno de Milei y Caputo. El rechazo del Senado al DNU 70 no impide que el decretazo siga rigiendo –porque para derogarlo hace falta el voto de la Cámara de Diputados- pero pone a los "federales" en una posición ofensiva frente al gobierno libertario, cuando se acercan las negociaciones por la nueva versión de la "ley ómnibus" y el rimbombante "Pacto de Mayo". 

Aunque los ajustes de Milei fueron casi simétricamente reproducidos por todos los gobernadores, esas transferencias de fondos de los trabajadores a gobiernos y empresas está todavía muy lejos de financiar todos los objetivos del plan oficial. El FMI aconsejó que se incrementen progresivamente los impuestos, y los gobernadores esperan obtener de allí los fondos que la Nación les ha recortado. No hay de parte de ellos un cuestionamiento a la orientación general del plan de gobierno, sino sobre todo a la distribución de sus improbables beneficios y al régimen político necesario para implementarlo. 

Sin consenso sobre esos pilares, el vacío de poder y la disolución se vuelven amenazas palpables para todo el sistema. Las reiteradísimas –y en algunos casos hipócritas- invocaciones a la institucionalidad y a la Constitución Nacional reflejan esas profundas preocupaciones.