Fracturas y disoluciones 

La guerrilla mediática que el Ejecutivo lanzó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel antes de la sesión de la Cámara alta que votó contra el decretazo presidencial mostró una crisis de poder de alto nivel. La ruptura entre el presidente y su vice, aunque muy repetida en los últimos tiempos, no deja de ser un poderoso síntoma de disolución política que excede las cuestiones personales. 

Recordemos que la ruptura entre Menem y Duhalde, primero, y el quiebre entre De la Rúa y Chacho Álvarez, después, anticiparon la crisis de la convertibilidad y el estallido de 2001. La disputa entre la presidenta Cristina Kirchner y su vice Julio Cobos manifestó el fin de la fiesta de las materias primas y el comienzo del estancamiento económico que llega hasta hoy. El tempranamente fallido gobierno Alberto Fernández-Cristina Fernández terminó entregando el poder a un representante de fondos financieros internacionales dispuesto a liquidar los ingresos de los trabajadores en primer lugar, y las finanzas de buena parte de la estructura económica nacional, casi en simultáneo.            

Una particularidad del choque Milei-Villarruel es que sucede no antes sino en medio de dos crisis de Estado: la de la ruptura total de los precarios equilibrios entre el gobierno central y las provincias -resultado directo de la política financiera de Milei-Caputo- y la de la violencia mafiosa en Santa Fe, que cuestiona a las fuerzas de seguridad e incluso podría involucrar al Ejército.

Este plan económico necesita "seguridad" 

La campaña electoral de Villarruel –claramente diferenciada de la de Milei- se basó en un asunto que podría considerarse doméstico: la reivindicación de la dictadura cívico-militar de 1976-83 y de los militares condenados o procesados por el genocidio. Eso la diferenció no solo de su compañero de fórmula, sino también de la candidata Patricia Bullrich, cuyo objetivo se centra expresamente en promover "la libertad" de las actuales fuerzas de seguridad para actuar discrecionalmente entre la población, y de los proveedores internacionales de armas y elementos de represión para equiparlas. Como se sabe, Bullrich y su excandidato a vice Petri son por ahora los que se quedaron con las áreas de Seguridad y Defensa que Villarruel pretendía.  

Estos dos planes diferentes sobre el qué y el cómo de la intervención de la gente uniformada confluyeron en el último mes en torno al problema de la violencia narco en Rosario, primera parada de un itinerario que va mucho más allá y abarca al conjunto del cuerpo social –y a las reacciones que de él esperan las clases dirigentes y sus representantes políticos. Veamos dos datos que ilustran al respecto.

La reconocida defensora de genocidas Cecilia Pando anunció incluso antes de la segunda vuelta electoral que "el futuro presidente de la Nación va a tener una tarea ardua", ya que la solución de los problemas políticos y económicos argentinos implicaría la ejecución de "medidas no gratas que traigan aparejado un incremento de la conflictividad social, que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para restablecer el orden". Pando reclamó entonces, una vez más, la libertad de quienes están presos por secuestrar, torturar, asesinar y robar bebés, como requisito previo y garantía para que las fuerzas armadas de hoy se involucren nuevamente en la seguridad interior.          

Queda por saber hasta qué punto este programa es el de quienes hoy mandan en los estados mayores de las FFAA, los servicios de inteligencia y el aparato de seguridad. Por lo pronto, Bullrich y su ministro Petri estrechan lazos con proveedores de Israel y con el Departamento de Estado de EEUU: hicieron un convenio con ese país sobre la "seguridad" de la Hidrovía.

El segundo dato es el que el periodista Carlos Pagni anotó la semana pasada en su columna del diario La Nación: "La perspectiva del descontento produce movimientos dentro del gobierno. El jefe de Gabinete Posse resolvió unificar las competencias de Inteligencia de las fuerzas de Seguridad en la sede central de la AFI, bajo el mando de su amigo Silvestre Sívori. Una medida sagaz, que tiende a unificar criterios y, sobre todo, a evitar filtraciones. Es obvio: Posse y Sívori están buscando indicadores de tensión social".

Los gobernadores

Los mandatarios patagónicos, aún absortos por el reparto de la coparticipación, se hicieron lugar para pronunciarse conjuntamente en solidaridad con el santafesino Pullaro y para recordar que la "seguridad" contra los narcos es responsabilidad federal –tiene que pagarla el Tesoro nacional. También el bonaerense Kicilloff agregó lo suyo: "Nosotros reimpulsamos la federalización de los delitos de narcomenudeo, porque cuando tiramos abajo búnkeres de droga, eso es un delito que le corresponde a Provincia, pero cómo llega esa droga y el tema de las organizaciones criminales son de la Justicia federal".

En este marco fue que Villarruel aportó su granito de arena en la crisis política entre gobiernos provinciales y el gobierno de Milei y Caputo. El rechazo del Senado al DNU 70 no impide que el decretazo siga rigiendo –porque para derogarlo hace falta el voto de la Cámara de Diputados- pero pone a los "federales" en una posición ofensiva frente al gobierno libertario, cuando se acercan las negociaciones por la nueva versión de la "ley ómnibus" y el rimbombante "Pacto de Mayo". 

Aunque los ajustes de Milei fueron casi simétricamente reproducidos por todos los gobernadores, esas transferencias de fondos de los trabajadores a gobiernos y empresas está todavía muy lejos de financiar todos los objetivos del plan oficial. El FMI aconsejó que se incrementen progresivamente los impuestos, y los gobernadores esperan obtener de allí los fondos que la Nación les ha recortado. No hay de parte de ellos un cuestionamiento a la orientación general del plan de gobierno, sino sobre todo a la distribución de sus improbables beneficios y al régimen político necesario para implementarlo. 

Sin consenso sobre esos pilares, el vacío de poder y la disolución se vuelven amenazas palpables para todo el sistema. Las reiteradísimas –y en algunos casos hipócritas- invocaciones a la institucionalidad y a la Constitución Nacional reflejan esas profundas preocupaciones.