La ley de Propiedad Privada se debatirá el 6 de agosto
Por falta de acuerdos, la iniciativa pasó a un cuarto intermedio. Las diferencias se concentraron en el régimen de tierras rurales.
En la tarde de ayer, el oficialismo no consiguió acuerdo para avanzar con la ley de Propiedad Privada y pidió levantar la sesión en el Senado. Lo hizo la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, que reclamó un cuarto intermedio para el 6 de agosto.

El gesto de Bullrich reveló las dificultades del gobierno para acordar con los bloques aliados la aprobación de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre otros puntos modifica la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Cabe destacar que el oficialismo abrió la sesión de ayer con el quorum justo; 37 de los 72 senadores en sus bancas.
Así logró aprobar pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, pero la mayoría simple se le dificultó cuando iba a comenzar el debate sobre el proyecto de Propiedad Privada, que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Las principales diferencias surgieron ayer en torno al futuro régimen de tierras rurales, uno de los capítulos centrales de la iniciativa. Las provincias reclaman preservar su autonomía en el control de las operaciones sobre esos inmuebles y el tema se metió en la negociación entre LLA y los bloques dialoguistas. Por el momento, quedó descartada la posibilidad de reabrir el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La intención oficialista es acercar posiciones para volver a insistir con la ley en una nueva sesión el 6 de agosto. En caso de aprobarse, la iniciativa tiene que ser girada a Diputados para su sanción definitiva.
La ley
El dictamen incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros. La nueva redacción establece que, cuando los inmuebles se encuentren en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional. Además, el proyecto modifica la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
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