El municipio denunció por irregularidades y desvío de fondos a una fundación creada en la gestión anterior

El intendente de Resistencia, Roy Nikisch, formalizó una presentación legal para que se investiguen presuntas irregularidades en la constitución de la Fundación "Resistencia, Ciudad Solidaria", creada durante la anterior gestión comunal. 

También se denunciaron irregularidades por parte del ejecutivo municipal quien transfirió 156 millones de pesos hacia esta entidad para la ejecución de un supuesto programa social que llevó a cabo en el mes de noviembre del 2023 y del cual el presente Intendente carece de informes sobre sus resultados y los métodos de ejecución empleados. "Sólo se ha dejado constancia de una nómina de beneficiarios, muchos de ellos incluso contratados del municipio y hoy en día personal de planta permanente", advierten desde la comuna.

 "Continuamos con el proceso de revisión de actos administrativos, cumpliendo con el compromiso asumido por el intendente para con los vecinos de Resistencia, por lo que estamos haciendo una presentación por la detección de irregularidades en el funcionamiento de los programas desarrollados por ésta fundación", explicó Natalia Acevedo, secretaria Legal y Técnica.

La funcionaria citó como ejemplo la propia constitución de dicha fundación. "De los  informes elaborados por los fundadores, se desprende que nunca se hicieron los aportes iniciales para constituir la fundación", informó.

Además, pidió investigar el desarrollo de los programas y las transferencias de fondos públicos a esta entidad. "No estaba inscripta como proveedora del Estado municipal, ni hacía verdaderas rendiciones de cuenta", agregó.

En tal sentido, señaló que "hubo más de 3.000 voluntarios para un estudio socio económico en distintos barrios, se hizo en noviembre y hubo pagos en esa fecha pero hasta ahora no hubo rendiciones y ni siquiera el resultado del trabajo social".

"La municipalidad sigue trabajando en esto, pero además de esta, puede haber otra clase de presentaciones al respecto", aseveró.

Mientras que Alejandro Aloatti, subsecretario de Administración General, acotó que "3.831 personas cobraron 40 mil pesos cada una, algunas en mano, sin comprobantes, no hay órdenes de pago ni certificados de la prestación de servicios que hacían".