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Francisco Romero Castelán

"Hay intendentes que gestionan el municipio como si fuera su estancia"  

Por pedido de una familia en conflicto con el municipio de Margarita Belén, el abogado logró frenar un desalojo.

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Francisco Romero Castelán, abogado.
Crédito: archivo

"En Margarita Belén vemos cómo en pleno siglo XXI un intendente pretende (cumplir) una instancia como si la ciudad fuese su estancia. Hay que decirle no a Javier Martínez", enfatizó Francisco Romero Castelán en alusión al intendente de esa ciudad.

El legislador provincial recordó que sin un oficial de justicia ni una decisión jurisdiccional no se podía avanzar con el procedimiento. Por lo que consideró que se vivió una situación vergonzosa y no es la primera arbitrariedad cometida por un juez de paz del Poder Judicial o de faltas municipal.

"Hay gente que desconoce derechos y garantías. Esta no es la primera vez", insistió en declaraciones a NORTE. Por ejemplo cita el caso de Basail donde una jueza ordenó el arresto de una persona porque su perro mordió a otro perro o allanamientos sin órdenes dispuestos por otro juzgado en Machagai. En La Escondida quisieron echar a una mujer por agredir y molestar a otras personas, una pena que Romero Castelán señala existía en el medioevo y no está prevista en el Código Penal.   

Sobre errores de procedimiento 

La explicación técnica de lo que pasó es que el municipio refiere que el espacio es público y está destinado a una calle pública. Como en el lugar hay una posesión privada, se imputó al titular a desalojar el predio.

El abogado Francisco Romero Castelán describe que tratándose de un inmueble debe intervenir el Poder Judicial y para dar cumplimiento a una orden de ese tipo se necesita que como mínimo haya un oficial de la justicia.  

"Es gente que ignora cómo se lleva adelante el procedimiento", sostiene. Sin instancias de mediación o un juicio de desalojo el diputado provincial que asumió en diciembre señala que tampoco se respetó el derecho de defensa.

Cuando él se presentó en el lugar, para asesorar a Faustino De León, la policía le impidió el ingreso. Aunque expuso que acudía como abogado, la policía no lo consideró. Por lo que también debió señalarles las garantías constitucionales y de procedimiento que se estaban incumpliendo.

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