El desafío de avanzar hacia una producción sostenible
A fin de año entrará en vigencia en la Unión Europea una nueva normativa que, bajo la consigna de promover una producción sostenible, limita el ingreso a ese bloque regional de productos asociados a la deforestación.
Un informe publicado por la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial advierte que esa exigencia puede tener un enorme impacto en Argentina y otros países de América Latina y el Caribe si no logran cumplir con los requisitos.
El documento, titulado "Navegando el comercio verde: América Latina y el Caribe en una encrucijada", fue elaborado por los analistas e investigadores de la Fundación para el Desarrollo Argentino (Fundar), Victoria Arias Mahiques, Leonardo Park, Ángeles Sancisi. Allí, los autores plantean que la normativa de la Unión Europea sobre cadenas de suministro libres de deforestación puede poner en riesgo a las exportaciones si los países afectados no pueden adecuarse a los nuevos requisitos.
En el caso de Brasil, por ejemplo, lo que está en juego son 19.000 millones de dólares de exportaciones y en el caso de Argentina, el cálculo arroja la cifra de 4.600 millones de la moneda estadounidense. En ese sentido, el informe recuerda que los commodities son centrales en el comercio bilateral de la región con la Unión Europea, muchos de los cuales están sujetos a la normativa que pone límites de productos asociados a la deforestación. Explica, además, que la mencionada regulación incluye a la soja, los bovinos domésticos, la madera y el papel, entre otros productos.
Cabe aclarar que esta regulación sobre cadenas de suministro libres de deforestación fue adoptada por la Unión Europea en junio del año pasado. Según informaron las autoridades de ese bloque regional la misma entrará en vigor el 30 de diciembre de este año. La norma, explica el informe, exige a los importadores europeos que declaren que sus productos proceden de zonas que no fueron afectadas por deforestaciones luego del 31 de diciembre de 2020. Por otra parte, observa que el impacto de esta regulación en los países de América Latina y el Cariba dependerá "no sólo de las exportaciones expuestas a la regulación, sino de la capacidad de cada país para cumplir con los nuevos estándares". "Esta última abarca dos factores: el alcance y las tendencias de la deforestación y la degradación de tierras forestales en cada país, y la capacidad de los proveedores para certificar los productos como libres de deforestación. Para comprender cómo se posicionan los países de América Latina y el Caribe en estas dos dimensiones es necesario examinar su compromiso con la preservación de los bosques, la disponibilidad de datos relacionados con los bosques y de información geográfica sobre la producción, la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro y la implementación de incentivos económicos para la preservación de los bosques", agrega el análisis.
El documento finaliza con una serie de iniciativas que deberían emprender los países de nuestra región para hacer frente a los desafíos que impone la nueva agenda de una producción más sostenible. En primer lugar, se destaca la necesidad de fortalecer las políticas existentes en materia de deforestación; además de profundizar la coordinación entre las distintas agencias estatales (por ejemplo, departamentos de ambiente, agricultura, industria y comercio). También propone movilizar fondos para mejoras técnicas y de capacidad. "Las acciones de corto plazo necesarias para cumplir con la normativa europea también generarán beneficios en el largo plazo, tanto para mitigar los riesgos del cambio climático como para garantizar el desarrollo económico sostenido de los países de América Latina y el Caribe", concluye el informe.
La Unión Europea, por su parte, dijo que se propone trabajar en estrecha colaboración con los países que considera socios para promover la transición hacia una producción sostenible, la gestión responsable de los bosques y el desarrollo de cadenas de suministro transparentes. Para ello buscará reducir el riesgo de que los productos de cadenas de suministro asociadas con la deforestación o la degradación forestal se introduzcan en ese mercado regional. Esta regulación agrega nuevas reglas en el comercio global. Nuestra provincia (que registró en el primer cuatrimestre del año pasado el secuestro de decenas de topadoras), por su parte, tiene por delante el desafío de transitar por el camino de una producción más sostenible y asegurar la preservación de los bosques.
