El gobierno quiere prisión efectiva para huelguistas y manifestantes

   Las modificaciones que el proyecto del gobierno hace en el Código Penal según la "ley ómnibus" busca que quienes protesten en la calle o realicen huelgas en el lugar de trabajo vayan a la cárcel. El artículo 194 del Código Penal, introducido por la dictadura de Juan Carlos Onganía, establece castigo de tres meses a dos años de prisión para el que "impida el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

   La modificación implica la prohibición de hecho de protestas contra el gobierno, elevando las penas contra los manifestantes por encima del umbral de 3 años (con lo que no serán excarcelables). Más aún, propone penas de hasta cinco años para quienes "dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación".

   Para quienes ejerzan el derecho a huelga se estipulan en el proyecto de "ley ómnibus" de tres a seis años de prisión, y una pena mínima de tres años para quienes organicen bloqueos el "entorpecimiento del acceso a un comercio o industria (empresa)", es decir contra los bloqueos de los trabajadores en conflicto. 

  Entre las escasas críticas que se escucharon sobre a esta parte del proyecto, resonó en la comisión la Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda: "Mientras les permiten a las patronales despedir en masa, incumplir todas las leyes laborales, reducir las indemnizaciones, y aumentan las causales de despido, ponerse frente a una empresa que hace lockout con esta modificación no solo implicaría una causa penal, sino ir preso con cárcel efectiva".

   La diputada docente comparó: "A los evasores y a los fugadores seriales los premian con un blanqueo. No hay ningún castigo, es un llamado a la evasión generalizada. Es claro que la concepción de lo que es un delito está distorsionada en este gobierno,porque defenderse de las tropelías patronales, de la apropiación ilegal de tierras por parte de los que hacen negocios inmobiliarios, defenderse de una patronal que explota sin límites, de los femicidios, defenderse de los atropellos a los que nos somete la clase capitalista, todo eso es pasible de cárcel en forma efectiva".