La fiscalía pidió juzgar en ausencia a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA

   La medida se apoya en la Ley 27.784, recientemente incorporada al Código Procesal Penal, que habilita la posibilidad de enjuiciar a imputados declarados rebeldes.

   Rafecas ya notificó al defensor oficial designado para representar a los acusados y se espera que en los próximos días dé curso al pedido de la fiscalía, lo que implicaría avanzar hacia el procesamiento, la elevación a juicio y el sorteo de un tribunal oral federal que estará a cargo del proceso. Se trataría de un juicio oral y público, con todos los pasos habituales —testimonios, intervención de defensores, alegatos y veredicto— pero sin la presencia de los imputados ni la posibilidad de realizarles declaraciones indagatorias.

   La solicitud fue realizada por el fiscal Marcelo Basso, quien argumentó que la nueva normativa permite que la Justicia no quede paralizada ante la imposibilidad de detener a los acusados. Los imputados están señalados como autores o cómplices en la planificación y ejecución del ataque terrorista que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

   Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró la iniciativa y consideró que representa un avance en la lucha contra la impunidad. "Esta ley le da a la Justicia herramientas concretas para perseguir a los criminales más peligrosos, incluso cuando se fugan del país", afirmó. "Vamos a poder juzgar a los responsables del atentado más grave de nuestra historia, y eso es un acto de justicia largamente esperado", agregó.

   Sin embargo, no todas las voces fueron favorables. Laura Ginsberg, referente de la organización APEMIA (Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), rechazó la medida con dureza. "Esto es una puesta en escena que busca clausurar el tema sin esclarecer nada. Es una forma más de profundizar los 30 años de impunidad que arrastramos desde la masacre", denunció.