El Gobierno del Chaco es pionero en políticas públicas de ordenamiento y desarrollo territorial

Señor director de NORTE

 (En respuesta a Carta lectores de Alicia Adelina Candela Sánchez, del 07-10-2023). Si hay algo que tuvimos y tenemos claro desde la gestión provincial es la necesidad de seguir fortaleciendo políticas públicas que permitan el acceso por parte de chaqueños a un hábitat adecuado y viviendas dignas, un enorme desafío que hemos asumido con el compromiso y la responsabilidad social e institucional que ello amerita. 

Ha sido, sin duda, la gestión liderada por el gobernador Jorge Capitanich, en sus distintas etapas, quien ha concretado y logrado una modificación estructural sobre el déficit habitacional existente a través de la construcción de viviendas en sus distintos sistemas y modalidades de acceso ya sea por IPDUV, cooperativas, Procrear, Tuya Recargable para la adquisición de materiales de construcción, vinculación a sistemas bancarios con acceso a crédito con tasas bonificadas a través del NBCH entre otras; política que permitió la incorporación de más de 75 mil soluciones habitacionales en la provincia con escala proyectada al nuevo período de gestión dejando una cartera en gestión de viviendas en proceso de construcción por IPDUV y cooperativas, nuevo edificio Procrear ex Pediátrico y Viviendas multi y unifamiliares Procrear Rubita II.

De más está decir que el acceso a una solución habitacional y a un hábitat adecuado está íntimamente vinculado a la resolución de la generación y disposición de lotes urbanos e infraestructura básica que permitan garantizar los servicios necesarios de conectividad, agua, energía, cloacas y otros que hacen al bienestar familiar y colectivo de una comunidad y es por esto que el Gobierno ha definido y ha sido pionera en estrategias y acciones para la planificación, ordenamiento urbano, desarrollo territorial y regularización dominial basadas en una clara política de orden social e inclusión que permita garantizar el derecho a la tierra, el acceso a suelo urbano con servicios y la consolidación y regularización de barrios y asentamientos populares como así también el derecho privado sobre los bienes. 

En este sentido y en aras de su implementación se han promovido leyes y normativas, en consenso con los distintos bloques (Chaco ha sido pionera a nivel Nacional de este perfil de legislación) que han permitido ser ordenadores de las necesidades y las demandas espontaneas individuales, de  organizaciones sociales, sindicales y de los distintos colectivos que nos identifican. Vale la pena mencionar algunas de ellas por su incidencia en los objetivos propuestos: Ley 7000 RUBH (registro único beneficiarios del hábitat, ahora 2022.K), Ley 7005 para la titularización simplificada de bienes privados, Ley de Ordenamiento y Hábitat adecuado, Ley 3331 A del Banco de Tierras Provincial para el acceso ordenado, equitativo y normado a lotes con servicios y Ley de Emergencia Habitacional entre otras. 

Aun existiendo una clara determinación de  políticas de estado se han sucedido presiones permanentes por el ingreso ilegal a tierras públicas y privadas, ya sean masivas o individuales, modalidad muchas veces promovida como negocio inmobiliario informal por parte de referentes, operadores e inclusive otras tantas veces se trasformó en la modalidad de extorsión para la adquisición obligada por parte de los estados municipales o provincial de las mismas resolviendo problemas de mercado. Con esto no expreso que no haya movilización de muchas personas que verdaderamente necesitan acceder a suelo urbano y que su poder adquisitivo no se lo permite y es este el primer motivo por el cual constituimos el banco provincial y los bancos municipales de tierras urbanas como estrategia de acceso transparente y regulado. 

Hemos solicitado a la Justicia provincial la rápida acción ante denuncias por tomas ilegales de predios, tanto públicos como privados, disponiendo por parte del Estado Provincial los mecanismos correspondientes para las medidas a tomar bajo el precepto de que el ingreso ilegal a un predio público o privado es un delito y como tal debe ser tratado.

A partir de estos cuatro años de gestión hemos intervenido en más de treinta usurpaciones masivas denunciado en forma directa (sobre tierras del erario público) como también ratificando y acompañando las denuncias ante las fiscalías de propietarios privados, e interviniendo rápidamente, como así también hemos resuelto usurpaciones que datan a situaciones anteriores a través de distintos mecanismos de acuerdos y conciliaciones. 

Está claro que el órgano competente para resolver un conflicto de partes es el Poder Judicial, que en este tiempo ha colaborado en la rápida resolución de los casos que hemos planteado con intervención directa y en colaboración del Ministerio, pero así como el Gobierno Provincial ha definido institucionalmente que el acceso ilegal a un predio es delito y actúa a tal efecto, del mismo modo define que la especulación inmobiliaria de privados o referentes sociales promoviendo tomas ilegales no es eje ordenador del desarrollo territorial inclusivo y justo. Como sociedad debiéramos hacer una fuerte crítica sobre estos procedimientos que también debieran ser penados socialmente; basta de responsabilizar al Estado por la acción especulativa y privada.

Sobre el conflicto de la familia Lesiuv en Castelli

He leído con detenimiento la carta de lectores presentada por Alicia Sánchez, donde expresa con detalle y resume la angustia vivida por los cuatro propietarios de la tierra en cuestión desde el inicio del ingreso ilegal al predio por parte de dos grupos de pueblos originarios de la localidad, situación de la cual el Gobierno Provincial ha tomado conocimiento de manera posterior cuando se pidió nuestra intervención para mediar y resolver el conflicto. 

Luego de reuniones del Ministerio en las que participé personalmente, con los afectados, el intendente Pio Sander y referentes de las familias de las comunidades que ingresaron ilegalmente, se determina por parte del Gobierno Provincial la creación del Banco de Tierras Municipal y a través de un convenio específico la adquisición de 30 hectáreas en la localidad de Castelli para la generación de suelo urbano para acceso por parte de ciudadanos según requerimientos establecidos en la ley y también el acceso formal por parte de las familias que habían ingresado al lote posterior relevamiento y cruzamiento de datos. Es así como se genera una expansión y nuevo desarrollo en la localidad y más de la mitad de las familias que habían ingresado ilegalmente se van pacíficamente del predio, quedando sujetas a la resolución judicial las familias que ante la propuesta del Estado Provincial y Local no quisieron ingresar al banco de tierras. 

Transcurrido el tiempo las personas que se quedaron en el predio privado Lesiuv, en acuerdo con uno de los integrantes de la familia logran conectar la luz y otros servicios (transmitido por ellos y validado por la contraparte) y en acuerdo definen volver a solicitar al municipio y gobierno la resolución del conflicto a través de una ley de expropiación o adquisición directa por parte del municipio local o central. Como siempre, y en base a los lineamientos de gestión y en pos de resolver la problemática de la familia Lesiuv, y atendiendo al estado de derecho privado, se accedió por parte del gobierno provincial a avanzar en los acuerdos de financiamiento para la adquisición del bien enmarcado en los criterios y normativa vigente, no promoviendo una nueva ley de expropiación (modalidad que en esta gestión no hemos promovido como mecanismo de resolución de acceso a la tierra). Este acuerdo motiva a una serie de reuniones de la mesa de acuerdos (propietarios, ministra, intendente y ocupantes) y bilaterales con la contra parte donde sobre la base de las tasaciones y valores que el Estado puede adquirir un inmueble se realizaron propuestas y contrapropuestas, como así también la compra compartida por parte de los ocupantes y el municipio en una modalidad innovadora. Las propuestas de adquisición directa por parte del Estado en consonancia con lo solicitado por las partes no fueron admitidas por los propietarios por ser determinada como "precio irrisorio y no de mercado". 

Lamento profundamente que se acuse al Estado Provincial en la figura del gobernador Capitanich y mi persona por no convalidar operaciones fuera de la norma, lamento profundamente que si desde el Gobierno planteamos que "todo dentro de la ley, nada fuera de la ley" sea cuestionado, como también lamento que si hubo carencias o falta de eficiencia en otro poder, se le endilgue al Ejecutivo la responsabilidad sobre el avasallamiento del derecho privado. 

Hemos puesto a disposición todas las herramientas y mecanismos para resolver infinitos problemas en una trama social compleja, sensible y convulsionada por efectos de la crisis económica y social pospandemia y de modelos económicos de alta concentración (2016-2019), pero el orden social, el respeto de partes, las garantías de derechos, la igualdad y la equidad en el acceso a las oportunidades, el buen funcionamiento de los distintos poderes es responsabilidad y compromiso de todos los chaqueños. Aportemos nuestra acción individual para la trasformación colectiva positiva. 

Quedo a disposición para continuar en la resolución de conflictos y en el acceso a derechos hasta que mi función específica así lo determine dentro del Gobierno Provincial. 

MARTA SONEIRA

MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE 

GOBIERNO DEL PUEBLO DEL CHACO