Insólito caso en la Justicia Federal: juezas que procesaron a Aranda lo admiten como parte del tribunal en una apelación
Se conoció en las últimas horas una resolución de la Cámara de Apelaciones de Resistencia por la cual se acepta que el exconjuez de Sáenz Peña Miguel Aranda, procesado por asociación ilícita, prevaricato y una serie de delitos integre el tribunal en una causa.
Ante esta situación peculiar, no tardó en llegar la recusación de parte del fiscal de esa misma Cámara, Federico Carniel, que fue uno de los que impulsó la investigación contra Aranda, sospechado de complicidad con el clan Sosa de Sáenz Peña, vinculado al narcotráfico, a partir de que se cree que le proveía información cuando se realizaban operativos para buscar desarticular la banda.

Lo llamativo de esta situación es quienes firmaron el documento para que Aranda intervenga no son otras que las camaristas Rocío Alcalá y la subrogante Patricia García, las mismas que dieron lugar al procesamiento que solicitaron los representantes del Ministerio Público.
"Violencia moral" es el concepto jurídico que utilizó Carniel para exhortar al apartamiento del sospechado en razón de lo que cree a todas luces como un sinsentido que alguien sobre quien pesa la presunción de delitos graves sea digno de juzgar.
Por lo pronto, se cree que más allá de que rige el principio de inocencia para Aranda (deberá ver si finalmente queda firme y llega a juicio) nadie en la Justicia se explica cómo su nombre llegó a estar entre la lista de los que sortean para completar la Cámara de Apelaciones.
Lo cierto es que la situación no traerá otra cosa que demoras en el proceso, porque seguramente Aranda apelará su recusación alegando el principio de inocencia y deberá definirse si le da o no lugar mientras la persona que hace años espera que se defina su situación legal se encuentra con una nueva dilación.
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