Más de un mes sin respuestas a la  usurpación en el barrio Don Santiago

Un clásico de cada etapa en cercanía a las elecciones en la usurpación de tierras, organizaciones sociales o familias agrupadas ocupan predios públicos o privados con el argumento de la necesidad de atender un mal de época como la imposibilidad de acceder al techo propio.
Desde mediados de julio que Miriam Vargas y otros familiares se ven afectados por la toma de predios de su propiedad ubicados en el barrio Don Santiago.
A partir de que se radicara la denuncia policial y se enviaran las actuaciones a la fiscalía 2 a cargo de Ana Pacce lo que ocurrió fue que se decidió intervenir pero los afectados manifestaron su bronca porque fue solo de forma parcial.
"Cuando vino el presidente se desalojó uno de los terrenos pero no el otro, pareciera que en solo uno es delito", señaló la damnificada a Diario NORTE.
Alberto Fernández llegó a la provincia el 31 de julio para participar de lo que fue la apertura del Congreso de Discapacidad, Vargas señala que ese día se pidió a las personas que se encontraban en la intersección de la calle Juana Azurduy entre calle pública y ruta 11.
"Nadie hace nada", recalca la perjudicada e indica que el germen del accionar de estas familias se dio luego de que mantuvieran una reunión con autoridades del gobierno provincial que asumieron el compromiso de urbanizar la zona.

Vargas señala que en varias oportunidades se acercó hasta el lugar y dialogó con quienes tomaron posesión ilegal de los predios para conocer de primera mano acerca de si contaban con algún respaldo y la respuesta fue que desde el Estado se avanzaría en una suerte de cesión de los terrenos hacia los ocupantes.
COOPERATIVA
NORTE se acercó ayer hasta el lugar y la imagen no es de la semana atrás en la que se observa a cientos de personas levantando casillas o construcciones precarias y lo que puede observarse hoy es que las frágiles estructuras continúan, la mayoría tienen nombres y apellidos como sinónimo de dueños y solamente en el lugar dos jóvenes levantando lo que se estima podrá ser una habitación.
Carlos era uno de los pocos que se encontraba en el lugar y dijo que pertenecen a una cooperativa de nombre "Indígena" (en el lugar flameaba una bandera de los pueblos originarios) e identificó a un único referente como Cristian.
Según su información, el entendimiento con el Gobierno era total y allí se levantarían viviendas y que la palabra usurpación correspondía usarse solo para lo que había acontecido en el otro sector del predio, donde se desalojó a fines de julio.
Lo cierto es que hoy al menos 120 casillas las que tranquilamente la Justicia podría avanzar en remover y actuar ante una denuncia que lleva más de un mes, en razón de que los propietarios ya expusieron que están sujetos a un daño por la falta de respeto a la propiedad privada.
Habrá que esperar si lo aquí ocurrido es apenas un botón de muestra de lo que pueda venirse a medida que se acerque a las urnas o el Gobierno tendrá otro accionar como lo viene haciendo con los cortes de calles.