España: elecciones anticipadas, reivindicaciones postergadas
Ya hay un español que quiere / vivir y a vivir empieza, / entre una España que muere / y otra España que bosteza. / Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón (Machado) - Por Rubén Tonzar
Las municipales y autonómicas del 28 de mayo dejaron un arrollador triunfo del conservador Partido Popular (PP), muy girado a la derecha en un intento –parcialmente exitoso- de frenar el crecimiento del ultraderechista Vox. El PP arrebató al oficialista socialdemócrata PSOE seis de las ocho autonomías que gobernaba: Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja y Valencia.
La respuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue inmediata: temiendo una mayor erosión de su partido y de la coalición de gobierno si pretendía cumplir el plazo legal del mandato (hasta diciembre) convocó elecciones generales anticipadas, que se realizarán este domingo 23 de julio.
Sánchez intentaba así combatir la desmovilización del electorado de izquierda, poniéndolo ante la disyuntiva de que la derecha, tras su triunfo en provincias, se haga con una mayoría parlamentaria y con el gobierno central. Los aliados de izquierda del PSOE en el gobierno -Izquierda Unida y Podemos- debieron lanzarse a una precipitada revisión de sus pactos como última chance para tratar de evitar la pérdida del poder e incluso una eventual desaparición.
En esa línea, estos dos últimos han coincidido, por obligación, que no por gusto, en una nueva coalición llamada SUMAR, detrás del liderazgo de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. El nuevo pacto de izquierdas se formó apresurada y desprolijamente, lo que dejó descontentos a uno y otro lado de las partes, y entre su propio electorado, por lo que no es seguro que su performance aporte a una renovación del gobierno de coalición.
Los partidos nacionalistas que apoyaban al gobierno Sánchez pero no lo integraban, como EH Bildu en el País Vasco, Esquerra Republicana en Cataluña y el Bloco Nacionalista Galego (BNG) en Galicia lograron salvar la ropa, y en el caso de los vascos mejoraron su desempeño. En cambio, Podemos se acercó al borde de la extinción en Madrid, en Valencia y Andalucía, por lo que en SUMAR le pasaron factura y debieron conformarse con puestos no muy expectantes en las listas.
La abstención
Los que el 28 de mayo no concurrieron a las urnas (36,09%) fueron aún más que en 2019 (34,8%), y entre los que votaron, el blanco llegó a 1,4%, mientras que los nulos fueron 1,47%. Es decir que, de una u otra manera, los que se negaron a elegir entre la oferta existente llegan casi al 40% del electorado.
La falta de motivación está directamente vinculada con las profundas disensiones internas del gobierno de coalición, con leyes como la reforma de las pensiones o la reforma laboral, y con el incumplimiento de compromisos como la derogación de la legislación represiva (como la ley mordaza), y el alineamiento más o menos incondicional de España detrás de la OTAN en la guerra de Ucrania.
Estos son algunos de los elementos que llevaron a España a replicar la ola conservadora y ultraderechista que recorre Europa. El PP se vio beneficiado por la desaparición del liberal Ciudadanos, que no pudo sostener sus cargos en ninguna provincia. El ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, declaró que la "desafección y la frustración ciudadana están siendo crecientemente canalizadas por las derechas". Se da la paradoja de que bajo la gestión del autoproclamado "gobierno más progresista de España" es cuando más creció la derecha.
El poder diluyente de la decepción se funda también en que la verborragia de izquierdas estuvo lejos de poder disimular una acción de gobierno que en lo central estuvo regida por los intereses del gran capital, incluso condicionando las relaciones exteriores: así sucedió con la sumisión del gobierno español a las pretensiones de la monarquía marroquí en asuntos históricos, como el destino del pueblo saharahui, donde España -oficialmente la potencia administradora- reconoció oficialmente que Marruecos es quien mejor "garantiza la estabilidad, la soberanía y la unidad territorial entre ambos países", en referencia al antiguo Sahara español. Ello equivale a entregar la soberanía saharaui a la monarquía marroquí, una de las más corruptas del mundo.
Ola de huelgas
La crisis del gobierno PSOE-Podemos no encubre, sino que es una consecuencia, de la carestía producida por la guerra en Ucrania. El 15 de junio pararon por 48 horas unos 35.000 trabajadores de las industrias automovilística, aeronáutica, metalúrgica y naval de Galicia, afectando a más de 3.500 empresas.
Los piquetes de los trabajadores bloquearon la autopista AP-9, principal nexo del norte de España con Portugal, y hubo manifestaciones de decenas de miles. El punto central levantado por los sindicatos metalúrgicos era una recomposición salarial y mejores condiciones laborales, sumamente dañadas desde la pandemia.
El año pasado la inflación aumentó 8,4%, la canasta básica de alimentos superó el 10%, y en ningún caso los salarios alcanzaron el 5% de aumento. La dirigencia sindical, repudiada en muchos de los piquetes y en las marchas, había pedido a las patronales un 4% para el próximo trienio (2023, 24 y 25). Sin embargo, las cámaras empresariales ofrecieron 0,5 % por cada año, lo que en los hechos es una fuerte rebaja salarial. Al mismo tiempo, en la misma Galicia, los bomberos, carne de cañón en la lucha contra los cada vez más habituales incendios forestales, están peleando también por sus salarios.
El gobierno del PSOE y Podemos respondió con la militarización del conflicto, desplegando miles de policías antidisturbios, para impedir que los trabajadores se manifestaran frente al centro de conferencias IFEVI, donde se celebraba la Feria Internacional de Industria y Tecnologías del Metal. El 6 y 7 de julio se convocó un nuevo paro y muchos metalúrgicos concurrieron al acto de lanzamiento de la plataforma SUMAR, pero no para manifestar su adhesión, sino el repudio a la candidata y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Es que la identifican con la escasez de inspectores de trabajo para poner fin a los abusos contra los trabajadores, y como aliada de las dirigencias sindicales que los desamparan.
Otro evento de huelga se registró hacia fines de junio en la multinacional textil sueca H&M, una de las más grandes de Europa, obligando al cierre de un centenar de tiendas. Como los metalúrgicos, los trabajadores de comercio exigieron una recomposición salarial igual a la suba inflacionaria y que H&M tome trabajadores para cubrir las vacantes por enfermedad o excedencia debidas a la sobrecarga de trabajo.
Repudiaron además que la dirigencia sindical haya permitido que el control de las bajas por enfermedad pase de manos de la seguridad social a las aseguradoras laborales privadas. Es que se entregaron la mayoría de las prestaciones al sistema privado de salud -como enfermedades comunes, salud mental, rehabilitación, alta médica, intervenciones quirúrgicas, pruebas de diagnóstico, entre otras-.
En esa línea, la privatización aumenta la flexibilización laboral, porque los trabajadores enfermos atendidos por la medicina privada tendrán un tiempo de licencia mucho menor que los atendidos por el sistema público. Ya en 2021 el permiso medio por incapacidad temporal era de 49 días en el sistema público, frente a los 45 días del sistema privado.
A principios de julio, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) comenzó la tercera ronda de huelgas en el año en la empresa en Air Europa, la tercera aerolínea más grande del país. El gobierno se puso de parte de la empresa, imponiendo duros requisitos mínimos de servicio a los huelguistas: el Ministerio de Transportes ordenó garantizar el 90% de los vuelos a las Canarias y Baleares (zonas turísticas) y el 65% dentro de España y a Europa durante la huelga, bajo amenaza de ilegalizar el paro.
También en el sector público se vienen desarrollando huelgas y protestas desde abril. Unos 45.000 estatales fueron a la huelga a principios de julio, exigiendo aumentos salariales de 450 euros, paralizando tribunales y otras agencias del gobierno. En todos los casos, los trabajadores comienzan a repudiar el costo de la participación y los aportes de España en la guerra de Ucrania.
Ajustes y reajustes de la guerra
La Unión Europea (UE) advirtió a España que debía cortar ayudas sociales y subsidios a la energía para acelerar la reducción del déficit presupuestario. La deuda pública española supera con creces el 120% del producto bruto interno, el incremento de las tasas de interés decidido por el Banco Central Europeo (BCE) dispararon el costo del crédito en el país, y la posibilidad de una recesión se acrecienta.
La desocupación entre los jóvenes llega al 30%, a pesar de las reformas del gobierno de coalición que modificaron la contabilidad para disimularla. Otra medida del gobierno que rápidamente se advirtió como un fiasco fue el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 32 horas semanales, pero de manera paulatina hasta 2032.
En los considerandos del proyecto se invocaba la "necesidad de permitir a los trabajadores tener un mayor control sobre su tiempo de trabajo y adaptarlo a sus necesidades". Sin embargo, la medida de reducción de la jornada laboral apuntaba más a aumentar la productividad que a crear empleo, y así lo explicitaba más adelante: "Hay una relación directa entre los tiempos de trabajo y la muy deficiente productividad en España", por lo que entre las medidas propuestas anotaba que "la fuerza de trabajo y su jornada laboral deben adaptarse a las variaciones de la producción". Si aumenta la producción, la jornada de trabajo legal podría alargarse, y cuando la producción baja, se achicaría la jornada. Así, no se pagarían horas extras, porque la jornada de trabajo pasaría a contabilizarse en forma mensual o trimestral, de acuerdo con las variaciones de la producción estimadas por las empresas.
Una última reforma que prometía mucho pero dejó menos fue la de las pensiones. La coalición PSOE-Podemos, en acuerdo con la UE y los sindicatos, aprobaron un recorte en las pensiones que consiste en calcularlas utilizando los últimos 29 años de vida laboral en lugar de los 25 que regían anteriormente. Como los trabajadores suelen ganar más al final de su vida laboral, contabilizar hacia atrás implicará un recorte en las pensiones futuras.
Contrariamente a esta enumeración, la coalición de gobierno aumentó el gasto militar en un 26% (a 27 mil millones de euros) para dar apoyo a la OTAN en rubros como armamento, entrenamiento y gasto público de Ucrania.
El propio Pedro Sánchez sintetizó así su gestión al momento de anunciar la convocatoria anticipada a elecciones: "El gobierno ya ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas. Nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante, como es la presidencia de turno del Consejo de la UE".
Visto lo visto, ya no resulta tan extraño que buena parte de su electorado y hasta su militancia muestren poco interés en una reedición del "gobierno más progresista". El conservador PP viene hasta ahora capitalizando el descontento con un gobierno que, más allá del lenguaje progresista, ha sido de hecho ajustador, incluso en acuerdo con la UE y con la OTAN.
Por eso mismo, las elecciones, independientemente de su resultado, no solucionarán las penurias populares. Si las perspectivas de terminar la con la inflación se dirigen a una recesión, si las proyecciones anuncian mayores ajustes para financiar la guerra actual u otra mayor que ha de venir, el pueblo español tiene por delante opciones más graves que votar a la socialdemocracia para evitar que triunfe la derecha, y desafíos de mayor envergadura que elegir entre Guatemala y Guatepeor. En eso están.
