Delitos y criptomonedas
El ataque informático que sufrió recientemente la Comisión Nacional de Valores vuelve a poner la lupa sobre los delitos cometidos por grupos que hackean sistemas y secuestran información sensible para luego exigir el pago del rescate en criptomonedas.
Se trata de una modalidad delictiva que creció en forma exponencial en los últimos años en todo el mundo, gracias al anonimato de las operaciones con monedas virtuales lo que dificulta el rastreo de las transacciones.
El ataque a la Comisión Nacional de Valores (CNV) ocurrió el miércoles 7 de junio pasado. Según informaron las autoridades del organismo encargado de la regulación y el desarrollo de mercados de capitales en nuestro país, la intrusión fue realizada con un código malicioso del tipo ransomware, conocido como Medusa, que logró tomar el control de los equipos informáticos, dejando fuera de servicio a las distintas plataformas del organismo. De esa manera, los atacantes accedieron a información de empresas e individuos particulares en sociedades de bolsa, regulados por la CNV. A raíz de ese hecho, se presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue el origen y las responsabilidades del ataque.
Los expertos en la lucha contra ciberdelitos advierten que no es sencilla la tarea de investigar a las organizaciones criminales que están detrás de estos hechos y, al mismo tiempo, observan que el uso de criptomonedas en actividades ilícitas registró un fuerte incremento en los últimos años en todo el mundo debido a que la falta de regulaciones contribuye, en gran medida, a ese fenómeno. Por otra parte, explican que mientras en 2010 solo existía Bitcoin, en la actualidad existen más de 8.500 criptomonedas, aunque hay algunas que son más conocidas y tienen más aceptación que otras.
Como se dijo, se trata de una amenaza que no respeta fronteras y está presente en la mayoría de los países. Sin ir más lejos, en enero del año pasado nuestra provincia fue noticia por el ataque cometido contra servidores del Poder Judicial, durante el receso en ese poder. Se trató, según la información oficial que se brindó en ese momento, de un "ataque de un malware del tipo ransomware". En abril de este año, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sufrió una intrusión similar, que obligó al organismo a desconectar los radares meteorológicos que utiliza -tres, en total- en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional, para emitir alertas climáticas que son de interés para quienes desarrollan actividades agropecuarias en distintas regiones del país. En ese momento trascendió que los ciberdelincuentes solicitaban una suma cercana a los 2.500.000 dólares a pagar en criptomonedas para restablecer los servicios afectados.
El 12 de enero de 2022 piratas informáticos atacaron los servidores del Senado de la Nación. En ese momento, a través de la cuenta oficial de Twitter de la Cámara Alta se informó que el incidente se registró a las 4 de la madrugada de ese día y que ese tipo de ataques, denominados ransomware, "fueron perpetrados en los últimos meses contra diversos organismos públicos, del Poder Judicial y empresas de primera línea".
Los expertos en investigaciones en lavado de activos sostienen que son cada vez más frecuentes los ataques cometidos con virus maliciosos que tienen como blanco a instituciones, tanto del sector público como del privado, y que una constante son los pedidos de rescate a pagar en criptomonedas para devolver el acceso a los sistemas bloqueados. No obstante, aclaran que más allá de que las criptomonedas aportan ciertos beneficios y poseen usos legítimos, como la posibilidad de brindar un sistema de pagos internacionales accesible y de bajo costo, rápido y accesible a millones de personas de todo el mundo, el desafío que presenta el escenario actual es cómo se avanza con medidas regulatorias que impidan el empleo de monedas virtuales para facilitar las transacciones de actividades ilícitas. En este punto, aclaran que existen criptomonedas que fueron diseñadas para ocultar información y para dificultar a los investigadores la tarea de vincular el cobro de los rescates con personas o empresas del mundo real. La idea que impulsa este tipo de diseño de monedas virtuales se sostiene en la creencia de que la tecnología digital llegó para reemplazar la presencia del Estado en los sistemas financieros. El aumento de ataques de este tipo obliga a plantear nuevos esquemas de regulación y supervisión por parte de la autoridad pública.
