Corta la bocha
El cruce entre el gobierno provincial y el intendente de Quitilipi puso a lo menos relevante por delante de un problema que no tendrá retorno si no se lo aborda con medidas que estén a la altura de su gravedad y complejidad.
La penetración del narcotráfico en la provincia dejó hace mucho de ser una posibilidad solamente temida, así como lleva décadas derogada aquella afirmación que sostenía que éramos "un lugar de paso, no de consumo" para las drogas ilícitas. Pero ni a nivel nacional ni en lo local el asunto parece ser abordado adecuadamente en los estamentos oficiales. Al igual que en otras batallas vinculadas a lo que más preocupa a la sociedad –pobreza, inflación, futuro-, no se percibe una decisión potente de ir a fondo.
Aun cuando decidamos suponer que los discursos, declaraciones y medidas de las áreas gubernamentales involucradas tienen detrás las mejores intenciones, quienes lidian a diario con el tema en las calles coinciden unánimente en algo: el partido se está perdiendo.
Los dichos de Lovey
El fin de semana pasado, el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, se reunió con el nuevo comisario de Quitilipi, en un encuentro abierto del que participaron también vecinos de la localidad. En el diálogo, Lovey fue directo: dijo estar "cansado de que lo puteen" por el incremento de la inseguridad en la ciudad, y particularmente por la libertad con que los dealers comercializan estupefacientes en barrios de su municipio.
Hombres y mujeres se sumaron al intercambio. "¿Por qué nosotros, los ciudadanos comunes, sabemos dónde se vende la droga y la policía no sabe?", preguntó un vecino. El propio intendente contó que se estacionó con su camioneta cerca de uno de los puntos de venta y vio el desfile de compradores que llegaban y pegaban la vuelta luego de hacer su adquisición. Dijo haber contado diecisiete de esas operaciones en los diez minutos que estuvo mirando la escena.
NORTE reflejó ese diálogo inquietante en su edición del martes. Al día siguiente, este diario publicó también una entrevista con el cura párroco Fernando Sosa, quien en Quitilipi dirige una granja para recuperación de adictos. "La gente de los barrios sabe quiénes venden la llamada ‘merca’, que está ahí, al alcance de la mano de cualquiera, porque el narcotráfico copó las calles", analizó el sacerdote.
Casi al mismo tiempo, la ministra provincial de Seguridad, Gloria Zalazar, convocó a una rueda de prensa en la que anunció que Lovey sería denunciado "por incumplimiento de los deberes de funcionario público", porque como tal "debe hacer las denuncias formales correspondientes en el caso de conocer algún delito".
Poco después, Lovey decidió retroceder varios metros e hizo declaraciones a algunos medios eligiendo una manera poco noble pero sencilla de despegarse del lío: dijo que NORTE había mentido. "Yo no dije eso, me sacaron de contexto, debe haber una cuestión política detrás", afirmó. Pero alguien grabó la charla de días antes y el audio es claro: el intendente dijo exactamente lo que publicó este diario.
Como para que quede claro que en Quitilipi pasan cosas, en sus expresiones contra este medio, Lovey dijo que por culpa de NORTE recibió amenazas. Cuando le preguntaron de quiénes provenían, respondió que del sector donde se hacen las ventas (de drogas)". ¡Plop!
Memoria selectiva
Pero lo que importa no es la reacción sobreactuada del gobierno ni las ágiles gambetas de Lovey, sino la falta de un compromiso a la altura de las circunstancias por parte de quienes deben sofocar el incendio. ¿De lo que dijeron los vecinos de Quitilipi y el párroco Sosa no había nada para comentar, responder, prometer o atender? ¿Lo único que importaba era asustar al intendente para que deje de transmitir lo que su comunidad le dice todos los días acerca de cómo los narcos locales afianzan sus kioscos? ¿Qué dijo Lovey que no se repita –y se sepa- en Sáenz Peña, en Resistencia, en Barranqueras y en tantos otros mercados de este delito? ¿Por qué hacerse los sorprendidos de algo que es vox populi?
Desde el punto de vista de lo estrictamente formal, se podría considerar correcto que las autoridades provinciales intimen a otro funcionario –en este caso comunal- a dar más precisiones sobre los hechos denunciados y la complicidad de sectores policiales con ellos. Pero considerando la realidad (no ese mundo ideal en el que uno puede llegar a creer hasta que la Constitución se cumple al pie de la letra), ¿no hubiera sido más razonable y útil ponerse a disposición del intendente y de su comunidad? ¿No era mejor bajar a Quitilipi y escuchar a los vecinos? ¿No tenía más sentido pedirle a Lovey que brindara de manera reservada la información con la que evidentemente cuenta? ¿Por qué convertirlo en acusado en vez de montar una investigación adecuada? ¿Qué otros intendentes hablarán de la cuestión narco en sus jurisdicciones si lo que ganarán será, como mínimo, una causa penal?
Conviene recordar que estamos en una provincia que tiene a un juez federal subrogante procesado por presuntos vínculos con un clan narco, la misma en la que se detuvo a un ayudante fiscal provincial bajo la sospecha de que lidera una banda y en donde hay policías y gendarmes acusados de conexiones parecidas. En la vecina Corrientes, un fiscal acaba de pedir quince años de prisión para un ex juez federal procesado por el presunto encubrimiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico. En ese caso también están esperando sentencia dos secretarios del juzgado y un intendente.
La agachada del intendente radical buscando salirse de la situación mediante una falsa acusación a la prensa, va por carril separado. Independientemente de eso, sus dichos ante el nuevo comisario de la ciudad tuvieron un amplio apoyo de los vecinos, simplemente porque éstos sabían que estaba diciendo la verdad.
No alcanza
En su cuestionamiento a Lovey, la ministra Zalazar citó como ejemplo de la labor oficial en materia de narcotráfico que en los últimos años se realizaron 5.000 allanamientos, y que en Quitilipi en particular fueron 30 en lo que va del año y derivaron en 28 detenciones. Las cifras son importantes, si bien en la cuestión, como se sabe, una cosa es la cantidad y otra la profundidad. Los procedimientos por narcomenudeo tienden a ser los más abundantes, pero llevan habitualmente a detenciones de "perejiles". Se trata incluso de un fuero que otros eslabones de la investigación judicial consideran contraproducente, porque corta en lo más delgado.
Como sea, integrantes de la justicia provincial y nacional y de la Policía del Chaco, consultados para este artículo, apuntaron en común a una creciente complejidad para la lucha contra la criminalidad narco. A las dificultades de siempre (proximidad con fronteras vulnerables y calientes como las de Paraguay y Bolivia, recursos siempre inferiores a los de las bandas, vastos territorios sin monitoreo, corrupción) se suman nuevas modalidades operativas que dificultan llegar a los distribuidores importantes y disponibilidades tecnológicas que facilitan el contacto con los compradores potenciales y hasta las cobranzas (mediante aplicaciones telefónicas).
Pero, sobre todo, la mano más grande que recibe el negocio es una demanda creciente. "Ya no es ni una extravagancia de ricos ni una necesidad de gente desesperada", decía ayer una fuente que explora el tema desde hace años. La transversalidad de los consumos, como mucho, plantea una diferencia en las calidades de aquello que se compra. La cocaína de alta pureza para los que pueden pagarla, la rebajada con quién sabe qué para los que solo tienen un puñado de billetes disponibles a la hora de calmar la adicción. "Llegamos a agarrar albañiles que salían de la obra y se iban a comprar sus bochitas de merca", contó un policía. Una bocha lleva menos de un gramo de droga y cuesta hoy de 300 a 500 pesos.
Esa necesidad de comprar, a la vez, potencia los delitos contra la propiedad y tiende a volverlos más violentos. El delicuente que revuelca en la calle a una señora mayor para quitarle su bolso y el que roba una canilla están, normalmente, detrás de lo mismo. Son drogas que se vuelven más peligrosas mezcladas con alcohol y con pobreza. Y hay algo que empeora las cosas: no hay suficientes centros de atención para los adictos y muchas opciones son económicamente inalcanzables para sus familias.
Conviene leer la reflexión del párroco Sosa publicada en nuestras páginas el miércoles: "Las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad y el deber de gestionar para el bien común del pueblo. Tienen el deber de reprimir el narcotráfico; de crear alternativas que ayuden a los jóvenes en la prevención, que es la única manera de evitar la adicciones. Las diferentes instituciones y la misma sociedad tienen que tejer esa red de alternativas".
