Planes sociales: proyecto busca terminar con la intermediación

Con el objetivo de "transparentar" los mecanismos y "limitar" la discrecionalidad, fue presentado días atrás un proyecto en la Legislatura que busca "excluir" a organizaciones intermediarias al momento de asignar beneficios sociales a las personas.

El autor del mismo, el referente de Republicanos Unidos, Iván Gyöker, explicó que la idea es "fijar pautas mínimas en la asignación de beneficios sociales otorgados por nuestra provincia, estableciendo criterios y objetivos en la selección de beneficiarios, limitando así la discrecionalidad en los mismos".

En sus fundamentos, la norma apunta a las frecuentes denuncias que se hacen públicas sobre los manejos de organizaciones sociales "enroladas dentro del Ministerio de Desarrollo Social que se encargan de asignarlos a los destinatarios finales", y asegura que lo hacen "sin perseguir un criterio mínimo de razonabilidad y selección", basándose principalmente en cuestiones políticas "desatendiendo el fin altruista y social que les ha dado origen" a estos beneficios.

"Muchas de estas organizaciones solo buscan obtener por parte del Estado concesiones de diversa naturaleza, desvirtuando su fin social, siendo utilizadas para organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática en la vía pública, violando los derechos constitucionales del resto de los ciudadanos, ejerciendo, en muchos casos, violencia", remarca Gyöker.

Según el dirigente, "si bien en nuestra provincia la autoridad de aplicación de la totalidad de prestaciones de naturaleza económica no contributivas otorgadas a los grupos sociales vulnerables corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, vemos en la práctica el nivel de injerencia que tienen las organizaciones sociales al momento de designación y quita de dichos beneficios, produciéndose una prohibida delegación de facultades desde los órganos oficiales a estas organizaciones civiles".

Señala además que el actual mecanismo "termina convirtiéndose en una herramienta de extorsión sobre el beneficiario" ya que "

a menudo se les exige como conditio sine qua non para el otorgamiento del beneficio, determinados retornos económicos a las organizaciones, como también que ejecuten actos que ponen en peligro la paz social".

Para Gyöker "un marco jurídico e institucional y una estrategia pública" son requisitos esenciales para corregir estos vicios, y como mínimo menciona la necesidad de "un marco legal e institucional que contenga: 1) los criterios de elegibilidad; 2) define las distintas funciones y responsabilidades de los diversos actores involucrados en la ejecución los programas; 3) articula las necesidades financieras a largo plazo y su sostenibilidad; 4) establece mecanismos de denuncias y quejas; y 5) establece las vías de participación de la sociedad civil y los beneficiarios".