Fiscalía cita a la Presidenta por las muertes en las protestas

   "Cuando la Fiscalía me notifique, yo estaré asistiendo con sumo agrado para poder contestar las preguntas que me hiciera?", señaló la mandataria durante una conferencia en Palacio de Gobierno, según reprodujo el diario local El Comercio. 

   El 7 de marzo, Boluarte deberá acudir a la sede del Ministerio Público en Lima para declarar por los fallecidos durante los disturbios en las ciudades de Ayachucho y Puno, así como en otras regiones del sur de Perú, según indicó en un comunicado el Instituto de Defensa Legal (IDL).

   Esa institución, dedicada a patrocinar casos de violaciones a los derechos humanos, detalló que la presidenta deberá acudir de manera presencial y no podrá hacerlo de forma remota, como se ofreció a hacerlo en citaciones anteriores. Los abogados del IDL Andy Carrión y Carlos Caro advirtieron incluso al diario La República que si la jefa de Estado no acepta declarar bajo estas condiciones podría considerarse una inasistencia a la citación. 

   La mandataria es parte de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de "genocidio" por las 60 muertes durante las protestas a nivel nacional tras la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado.

Comunidades reanudarán bloqueo en el crucial "corredor minero"

   Comunidades andinas de Perú reiniciarán en los próximos días el bloqueo de una crucial carretera que utilizan importantes productoras de cobre, dijeron este sábado dos dirigentes y un acta de un acuerdo vista por Reuters, luego una tregua que había permitido a las empresas mineras recuperar la producción.

   Residentes de las provincias de Espinar y Chumbivilcas acordaron acatar el lunes un paro en la región del Cusco y desde el martes retomarán el bloqueo del "corredor minero", usado por las minas Las Bambas de la china MMG Ltd, Antapaccay de Glencore y Constancia de Hubbay Minerals.

   "Estamos apoyando la protesta contra el Gobierno", dijo el cordinador de las comunidades de zona de influencia de Antapaccay, en la provincia de Espinar, Flavio Huanque.

   En el acta del acuerdo de Espinar, las comunidades acordaron también exigir la paralización desde el lunes de las operaciones de Antapacay, Las Bambas y Constancia.

   Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, enfrenta protestas desde la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, incluyendo bloqueos de vías por las cuales las mineras se abastecen de insumos para sus faenas.

   Las comunidades aledañas a las operaciones mineras del interior del Perú han sostenido conflictos por años con las empresas en busca de más beneficios por la explotación de los recursos, pero ahora también exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte tras protestas que dejaron decenas de muertos.

   "Ese es el acuerdo, desde el lunes comenzamos el paro regional y vamos a bloquear la carretera", confirmó a Reuters Carlos Quispe, uno de los dirigentes del frente de defensa de la provincia de Chumbivilcas.

   Reuters reportó esta semana que las grandes mineras de los Andes peruanos buscaban recuperar su producción gradualmente tras el desbloqueo del corredor, a pesar del clima de incertidumbre y convulsión social.

   Las Bambas, que produce el 2% de cobre del mundo y comenzó a operar en el 2016, ha resistido en buena parte a las constantes paralizaciones, mientras que el yacimiento de Antapaccay sufrió en enero la quema de parte de su campamento tras un ataque de manifestantes y aún está en proceso de reapertura.

   Datos anticipados del Gobierno indicaron el valor de la producción minera de Perú cayó un 3,63% interanual en enero, si bien aún no hay detalles sobre el impacto financiero de las paralizaciones de las mineras.