Intereses corporativos, detrás de nuestros recursos minerales
El avispero de los intereses corporativos —aquellos que ligan a empresas extranjeras, políticos opositores, poder judicial y medios de comunicación— se enardeció como nunca ante la sanción, por el gobierno de La Rioja, de la ley que considera al litio "recurso natural estratégico".
Inmediatamente salieron sus voceros a pregonar todo tipo de cataclismos por el hecho de que una provincia demostrara que el interés de su pueblo debe tener prioridad sobre el afán de lucro extractivista de capitales foráneos.
La provincia de La Rioja parece curarse en salud, ya que conoce los antecedentes históricos. Allá por 1826, cuando entre un puñado de porteños y cómplices de las oligarquías provinciales amañaron la elección de Bernardino Rivadavia como primer presidente de la nación, este traía bajo la manga un acuerdo con empresarios ingleses que, aparte del empréstito Baring Brothers que inició nuestra deuda externa, significaba la entrega del cerro de Famatina y de sus riquezas a la "River Plate Mining Association".
El modelo de negocios de entonces —perpetuado hasta hoy— unía a unos avivados hermanos (Brothers Hullet) con otros tantos "nativos" de igual calaña, en pos del saqueo de los recursos naturales de la república en proceso de constitución.
En la actualidad, con más experiencia de marketing para disfrazar de "inversiones extranjeras" lo que suele ser en realidad, especulación financiera, acumulación de deudas —sobre las espaldas de la población—, y primarización de la economía, recurren a fabricar un barniz jurídico para la apropiación.
Por eso escuchamos a "periodistas independientes" rechazar la intervención estatal en la defensa del capital social de argentinas y argentinos, o boicotear la unión de los países productores de litio en un ente que defienda precios y comercialización soberana frente al poder de corporaciones trasnacionales.
Según el Instituto Argentino de Derecho para la Minería "el Estado Provincial no puede siquiera intentar apropiarse de los derechos para monopolizar el negocio minero... los artículos del Código de Minería son claros al establecer que el rol del Estado se limita a la investigación (por sí o con terceros), y que el desarrollo ulterior de la actividad, incluyendo la explotación, corresponde a la actividad privada, a la cual deben ser transferidas incluso las minas que descubran los organismos estatales".
Como vemos, el susodicho "Instituto" tiene de argentino solo el nombre, dado que con citas del "Código" (que data del siglo 19, y que bien harían el gobierno nacional y los legisladores en reemplazar, dado que su sola lectura produce vergüenza ajena) advierte que, supongamos, si YPF en su tarea de prospección (que insume cuantiosos fondos) descubre yacimientos petrolíferos, debe transferir la explotación (que acumula ganancias) a la actividad privada.
Más aún, qué resultados esperar de los reclamos ciudadanos, si un senador como Oscar Parrilli debe "encoger" sus propuestas de defensa del interés nacional en el caso del litio.
"No sé por qué le tienen miedo a que una empresa estatal pueda competir, el día de mañana, con una empresa multinacional para explotar el litio. Salvo que, a lo mejor por una concepción ideológica, crean que siempre es mejor el capital privado extranjero que el capital estatal nacional", dice con razón.
Una posición entendible la del referente del Frente de Todos, el bombardeo mediático hace mella sin cesar en las posiciones nacionales, y genera incomprensibles adhesiones al beneficio extranjero en ámbitos sindicales y sectores medios, que sucumben al discurso del déficit fiscal, de la seguridad jurídica, y la llegada de inversiones.
Aclara Parrilli: "No se trata de obstaculizar la inversión extranjera, ni de impedir la participación del capital privado, ni de nacionalizar el litio porque los recursos son de las provincias. Se trata de ordenar la actividad para que las provincias y la Nación recauden lo que corresponde, se agregue valor en territorio nacional, se genere empleo y las empresas privadas tengan una ganancia razonable".
Como conocedor del circuito de saqueo, asegura que "se llevan el litio y los dólares, le subsidiamos a las empresas las regalías y los derechos de exportación con las devoluciones, las exceptuamos de casi todos los impuestos y permitimos que subfacturen. Así, no hay país que aguante".
Por último, Parrilli sintetiza un anhelo que bien podría integrar la plataforma política actual, a partir de verdaderas epopeyas soberanas. "Aprovecharlas en función del desarrollo nacional requiere de un Estado inteligente y robusto, que articule sus capacidades, que planifique su política económica, que ejerza una política exterior soberana y que sea capaz de poner límites a los grupos económicos para distribuir la riqueza generada por estas actividades".
