Frente a la amenaza del juicio político, la Corte prepara su estrategia

A pesar de sus diferencias internas, los jueces de la Corte Suprema de Justicia buscan enfrentar el inicio del juicio político en su contra unidos, abroquelados y sin fisuras.

Un informe del diario La Nación indica que los supremos planean mantener el perfil bajo, sin asistir al Congreso, mientras puntean una agenda judicial del primer semestre de 2023 que incluye temas económicos sensibles para el Gobierno e incluso para el patrimonio de Cristina Kirchner.

Los jueces acababan de dictar el fallo en el que obligaban al Estado nacional a devolverle 100 millones de pesos diarios al Gobierno de la Ciudad, en fondos coparticipables.

En la Corte, la llegada de Rosatti a la presidencia reconfiguró la relación entre los magistrados y se da una mayor cercanía entre Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. Lorenzetti mantiene diferencias con Rosatti. No obstante, en este tema los jueces buscarán mantener la unidad.

La embestida del Gobierno -no obstante- no alcanza para aventar resquemores y desconfianzas.

LOS CASOS PENDIENTES

Entre los primeros fallos que se encuentran a estudio de la Corte está la definición sobre el juramento de los senadores como integrantes del Consejo de la Magistratura. Allí el kirchnerismo desobedeció un fallo de la Corte.

Además, la Corte tiene en sus manos el recurso del fiscal Raúl Pleé contra la decisión de dejar firme el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa del dólar futuro, que también alcanza al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Entre los temas económicos sobresale la ejecución del fallo por la coparticipación federal que la Nación debe pagar a la Ciudad.

El gobierno nacional dijo que iba a depositar bonos para pagarle al gobierno porteño, pero la Ciudad lo rechazó y denunció el incumplimiento del fallo de la Corte por parte de la Nación.

Asimismo, en la agenda de la Corte hay dos causas previsionales de alto impacto: una sobre las arcas de la Anses y otra sobre los ingresos de Cristina Kirchner.

El primer caso se trata de un asunto donde ya hay una sentencia de primera instancia y otra de cámara contra la Anses.

Desde 1995, el organismo no paga costas por litigar, y apela siempre los fallos en favor de los jubilados ante la Corte para dilatar el pago.

Ahora la Corte tiene que definir si la Anses debe empezar a pagar costas cada vez que pierde un juicio previsional, algo que hoy no realiza.