"Este evento pone a la luz un déficit del funcionamiento del Consejo de la Magistratura"

No es nuevo los constantes cuestionamientos de la entidad abogaril dirigida por José René Galassi hacia el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco. Lo acontecido con la jueza Buyatti  reactiva la polémica. 

"Observamos con gran preocupación los hechos suscitados en la provincia del Chaco, y que son de público conocimiento, que involucran a un alto miembro del Poder Judicial -del fuero de Familia Niñez y Adolescencia- , en entredichos con uno o varios ciudadanos, cuyos términos resultan irreproducibles. Este evento pone a luz un déficit en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el que debe, por obligación Constitucional, seleccionar a los aspirantes a cubrir cargos de alto nivel judicial, que cuenten y demuestren no solo aptitud técnica, sino también capacidades morales y psicofísicas que le permitan desempeñarse en el ejercicio de la función, como en la vida particular, con cortesía, auto control, y sobre todo integridad", remarca la entidad presidida por Galassi. 

"Pues este conjunto de cualidades, ejercidas fuera del ámbito judicial, contribuyen a una fundada confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, en otras palabras, coadyuvan a recuperar la fe de la comunidad en las instituciones", prosiguió. 

Luego remarca: "Un juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. Porque el funcionario  debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos, tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo".

"Como sociedad en general, debemos reclamar a los jueces que se preocupen por "ser", según la dignidad propia del poder conferido, sino también por "parecer", de manera de no suscitar legitimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial". Y finalmente, "como abogados y procuradores en particular, debemos exigir al Consejo de la Magistratura que cumpla de manera correcta el mandato constitucional, empleando de manera objetiva el concurso público de antecedentes y oposición, evitando distorsiones procedimentales, que permitan la propuesta de aspirantes que no reúnen los requisitos técnicos, moral y psicológicos para el ejercicio de la función de juzgar".