La querella pidió y logró que se aparte el fiscal de Cámara en el caso Ponce de León

En la continuidad de la audiencia preparatoria para el juicio por jurados por el crimen de Sebastián Ponce de León, el muchacho que fue detenido en 2019, sufrió violencia institucional por parte de la Policía, y falleció a los 10 días luego de agonizar en el hospital Perrando, ayer Hugo Fernández Liras, que representa a la querella, logró el apartamiento de la causa del fiscal de Cámara. El viernes, continúa el camino para llegar a consensuar el inicio del juicio.

Es que el letrado entendía que el acuerdo de pruebas que pretendía sellar el representante del Ministerio Público con la defensa de los tres efectivos imputados contenía documentación que estaba viciada de nulidad en razón del proceso de la investigación.

Como se trata de una causa con dos expedientes (el primero con la detención de la víctima y el segundo con la arbitrariedad policial en sí) pero que se cruzan en sus caminos. La razón sustancial es que en un documento se ubica a uno de los imputados en el hospital Perrando a la custodia de Ponce de León mientras que en el otro, siempre en un documento de tenor de informe policial,  no se lo consigna.

El hecho en sí requiere relevancia a partir de que mientras agonizaba, la víctima susurró a su familia que la persona que lo estaba custodiando en ese momento el hospital Perrando, era al mismo tiempo su agresor.

POSICIONES

"El Ministerio Público Fiscal no solamente no reaccionó con el acompañamiento, sino que anunció un acuerdo un acuerdo que es inconstitucional", señaló Lineras en la sala ante quien oficia de juez técnico en esta instancia, Ernesto Azcona.

Para el abogado se debe avanzar en la investigación de la falsedad del documento y la apertura de una causa contra los responsables, en razón de que se trata de un acta que se labró en la comisaría Primera de Barranqueras donde se desempeñaban los imputados por tortura seguida de muerte.

Es decir, la ilegalidad del acto pero también porque considera que de avanzarse de esta forma, favorecería al imputado.

En la vereda de enfrente, el fiscal de Cámara, Jorge Gómez, manifestó su tranquilidad al considerar que la ley que instrumenta el juicio por jurados da lugar a acuerdos de esta naturaleza y que en todo el caso Lineras debió plantear la inconstitucionalidad de la normativa, y no el hecho en sí.

"Esta querella aportó el 85 por ciento de las pruebas que están en el expediente", expresó Lineras para dejar instalada la idea de la falta de acompañamiento del Ministerio Público.

Gómez indicó que se trata de un expediente el cual comenzó a investigar no desde cero sino con una tarea en proceso en razón de reemplazar al fiscal en Derechos Humanos, Daniel Turraca.

"Me voy a excusar en una situación que me genera violencia moral", agregó Gómez un planteó que atendió Azcona no sin antes llamar la atención de Lineras al indicar que no cumplía con el precepto de celeridad de las audiencias preparatorias.

EL CASO

Sebastián Ponce de León fue detenido el 31 de enero de 2019 en una casa de la localidad de Barranqueras y sometido a torturas. Diez días después, falleció en el Hospital Perrando como consecuencia de los golpes recibidos. El procedimiento, realizado por personal de la Policía de Chaco, generó dudas y sospechas que desencadenaron la investigación.

A su inicio, la causa fue caratulada como tortura seguida de muerte pero fue modificada por el fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos provisorio, Luciano Santos, quien presentó el requerimiento de elevación a juicio en octubre de 2021 caratulándola como homicidio preterintencional.

Las querellas, tanto de la familia como la de la Secretaría de Derechos Humanos y la del Comité contra la Tortura apelaron este requerimiento y lograron mantener la calificación original contra los policìas Cristian Chamorro y Sebastián Romero por tortura seguida de muerte, como así también contra el efectivo Carlos Rodríguez (que conducía el móvil policial donde trasladaron a Ponce de León camino a la comisaría y donde comenzaron los apremios) por encubrimiento agravado.