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Aportes en la audiencia NEA por la nueva ley nacional

Personas con discapacidad piden más capacitación y empatía en entes públicos

Ampliar la cobertura en algunas prestaciones, cambiar el nombre al certificado único y revisar prácticas en diagnósticos médicos, son algunas de las propuestas.

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Crédito: Facebook Iprodich

"Esperamos encontrarnos con más empatía y no enfrentar a verdugos o a personas que descreen lo que decimos, en los espacios públicos falta capacitación en la atención, se necesita garantizar el acceso a la información y aplicar sanciones a quienes incumplen ese derecho, hay papás que no tramitan un certificado de discapacidad por la carga negativa que acarrea esa definición". 
Las expresiones son una pequeña muestra de los aportes en la audiencia pública para personas con discapacidad, región NEA, que la Agencia Nacional y el Iprodich organizaron en el centro de convenciones Gala, en Resistencia a fines de mayo.   
Entre los participantes también usuarios y personal que trabaja o acompaña la temática desde distintos lugares. 
Enfermedades raras  
Al dimensionar parte de las implicancias familiares Nancy García Senger contó que tiene la enfermedad de Fabry, como su padre, que falleció a los 58 sin saberlo. El diagnóstico que le dieron a los 34 le permitió explicar la pérdida auditiva durante la adolescencia y no a un tumor en el cerebro, como le había dicho el profesional que la atendió. 
"Recibir el diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura produce un daño colateral que nos afecta a nosotros y a nuestros hijos, toda la familia. Hay tres millones de personas del país que padecen enfermedades raras y poco frecuentes, conviven con dolencias crónicas, degenerativas, discapacitantes y de origen hereditario", recordó.


Otro de los pedidos fue por mayor paridad entre representantes de la sociedad civil (OSC) y de organizaciones gubernamentales (OG) en el consejo nacional de la temática, hoy hay solo diez de los primeros mientras son 24 de los segundos. También planteó que en las escuelas se necesitan gabinetes psicopedagógicos y se despidió agradeciendo vivir en una provincia con un gobernador con empatía.  

Acceso a derechos   

La coordinadora de las juntas evaluadoras del Iprodich, Antonela Lorenzo, indicó que quienes reciben una asignación universal con un hijo o hija con discapacidad plantean otra necesidad. 
"Como en el caso de quienes reciben una pensión no contributiva también ellos podrían tener Incluir Salud o alguna cobertura específica. Sobre todo para que puedan acceder a las prestaciones básicas como centros de día o centros terapéuticos, que se dan en el sector privado", explicó.   
El certificado   
Mientras que Luis Giménez planteó que una nueva legislación abre la oportunidad de romper el paradigma de que la palabra discapacidad siga acarreando una carga negativa social e histórica. Entonces propuso reemplazar la denominación actual (certificado único de discapacidad) por certificado único de accesibilidad o de inclusión. 


Además recordó que una ley provincial de reciente sanción contempla la capacitación de todo funcionario público que acceda a un cargo para formarse con perspectiva en esa temática.
Giménez consideró que hay diagnósticos con definiciones que generan más barreras antes que posibilidades de ayudar a encontrar herramientas y adecuaciones. 
"Otro bache se produce en la educación universitaria con la falta de apoyo para ingresantes. Cada año hay más personas inscriptas y la ley tiene que hacer algo para contemplarlas urgentemente", ejemplificó. 
Comunicación e información 
Dentro del eje temático de accesibilidad, la secretaria de la Defensoría General del Poder judicial Mariana Silvina Alcalá sostuvo que la nueva ley debe contener un artículo específico dedicado al acceso a la información, las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones de uso público, tanto de zonas urbanas como rurales. 


Además de contener un régimen de sanciones para entidades públicas y privadas que incumplan ese derecho, citó compromisos internacionales a los que la Argentina adhiere como la Convención Internacional para personas con discapacidad y las Cien Reglas de Brasilia.  
"Se siguen encontrando barreras para participar con las demás en la vida política, cultural, social y económica. Tampoco las instituciones y la sociedad en general cuentan con las herramientas para facilitarles ese acceso", describió.  

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