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CARTAS DE LECTORES

La justicia ausente, o injusticia en su máxima expresión


Señor director de NORTE:
Como profesional del derecho y abogado de parte en dos causas judiciales en trámite en los tribunales de Resistencia, ante los resolutorios dictados en las mismas, que constituyen verdaderos actos de injusticia y por consecuencia violatorios de normas legales y constitucionales vigentes, no puedo menos que hacerlos públicos como así a la situación que se genera a partir de los mismos.
Se tratan de dos expedientes totalmente independientes entre sí, uno iniciado en el año 2004 y el otro en el año 2009. En el primero, el objeto de la demanda es el desalojo de un local comercial, ubicado en una calle céntrica de Resistencia y el otro versa sobre una acción de prescripción veinteñal por otro inmueble, totalmente distinto y contiguo al del desalojo. De hecho, ambos expedientes se encontraban radicados en juzgados distintos.
Previo a continuar aclaro dos cuestiones: a) la demandada en el desalojo y el actor en el juicio de usucapión son concubinos; b) tanto el inmueble objeto del desalojo como el objeto de la usucapión se encuentran dentro de una única parcela con identificación catastral y registración dominial en mayor extensión y son contiguos. 
Al dar respuesta la parte demanda al juicio de prescripción veinteñal, invoca como defensa la existencia de una litispendencia, trayendo a la cuestión, el inmueble del desalojo, que reitero nada tiene que ver con el inmueble objeto de la usucapión.
Pese a la oposición ejercida por nuestra parte, el Tribunal que tomó intervención en el juicio de desalojo, dispuso la acumulación de ambas causas, en abierta violación a normas legales y procesales vigentes, pues no se daban lo presupuestos necesarios para ello: identidad de objeto, identidad de sujetos, no siendo además dichas causas acumulables por la naturaleza de las mismas.
La situación es aún más grave, pues en el juicio de desalojo no había cuestión a resolver, ya que el inmueble había sido restituido a su propietario conforme consta en el mismo y en la prueba confesional, el actor admitió que tal hecho había ocurrido por lo que no existía bien a desalojar.  Es más, se acreditó mediante prueba documental y testimonial, que luego de haber sido restituido el inmueble a su propietario, el mismo fue cedido en comodato a una persona distinta. Ergo el inmueble objeto del desalojo no se encontraba en posesión de mi representada por haber sido restituido el mismo, conforme fuera acreditado en el expediente.
Al disponerse la acumulación de las causas, ello requiere el dictado de una sentencia única, que resuelva ambos expedientes, ambas cuestiones, el desalojo y la prescripción adquisitiva
Pese a la abundante y categórica prueba rendida en el expediente donde se tramitaba la usucapión, que acreditaba de modo harto suficiente la posesión de mi representado por el plazo que fija la ley y en las condiciones que ella exige para acceder por esa vía a la propiedad del mismo y la abundante prueba que el inmueble objeto del desalojo ya había sido restituidos a su dueño, el tribunal dispuso en la sentencia única, rechazar la demanda de usucapión y hacer lugar a la demanda de desalojo.  
Desalojo que en un exceso jurisdiccional incalificable y excediendo lo peticionado en la demanda, lo hace de manera genérica e imprecisa sobre una parte del inmueble, esto es sin indicar la dirección del inmueble claramente precisada en el objeto de la demanda, con el agravante de no precisar la causa que lo motiva.
 Obviamente, tal proceder no ha sido casual y menos aún inocente; quedaba claro que la balanza se inclinaba a favor del propietario del inmueble y que el objetivo era utilizar el juicio de desalojo para expulsar del inmueble a la familia de mi representado, quien tal lo dicho se encontraba ejerciendo la posesión de parte del mismo desde hacía más de 40 años. 
En suma, se concluye en la sentencia que el inmueble que fuera objeto del desalojo es el mismo que fuera objeto de la demanda de prescripción veinteñal, pese haberse demostrado que en la parcela existen varios locales e inmuebles por subdivisiones de hecho existentes en la misma, o cuanto menos dos, uno que fuera objeto del desalojo y otro absolutamente distinto, objeto de la prescripción veinteñal o usucapión. 
Se han intentado todos los recursos locales, incluso el extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia; se ha promovido una Acción Autónoma de Nulidad contra la arbitraria y aberrante sentencia. Nadie atendió y menos aún escuchó o al menos se tomó el trabajo de leer tales presentaciones. Todas fueron desestimadas con resoluciones que en absoluto reflejan o indican que se haya efectuado un análisis de los agravios expresados y menos aún de las pruebas rendidas en la causa. Se han limitado a repetir frases hechas y expresar que en los recursos lo único que se hacía era repetir hechos y situaciones ya realizadas en instancias inferiores. Y sí efectivamente, todo era reiteración, pues en ninguna de las instancias se habían rebatido y menos aún explicado con fundamentos serios, las razones que motivaron sus rechazos.
El objetivo siempre fue uno y sólo uno; expulsar a la familia de mi representado del inmueble que posee desde hace más de cuarenta años, valiéndose de un juicio de desalojo que versaba o tenía por objeto otro inmueble absolutamente distinto, vulnerando con ellos derechos tutelados constitucionalmente como de defensa en juicio, debido proceso, de propiedad para citar algunos.
La injusticia en su máxima expresión ha sido consumada; haciendo prevalecer el poder de los más fuertes sobre los más débiles, el interés económico por encima del derecho; dejando en la calle, librada a su suerte y a la ayuda solidaria de amigos y parientes y de Dios a una familia compuesta por personas mayores que cobijan en su seno además a sus hijos y nietos. Todos han quedado en estado desprotección. 
Allí donde la justicia debió estar presente con toda su fuerza, entereza e hidalguía, por un proceder totalmente reprochable de quienes tiene la misión de administrarla, ha estado ausente. Evidenciando una vez más su ausencia, esa ausencia que duele, lastima y causa tanta tristeza y refleja el estado de desprotección en el que nos encontramos.
Lo resuelto en las causas mencionadas constituye un escándalo jurídico, frente al cual ninguna de las instancias a las que se ha acudido se han ocupado de analizarlas, de estudiarla, de revisarla para así llegar a la inevitable conclusión de tener que revertirla.
Se aclara que no se ha acudido a Corte Suprema de Justicia de la Nación por no disponer mi representado de recursos para ello.
Para quien esté interesado en investigar lo que aquí públicamente se denuncia por ausencia del servicio de justicia, los expedientes son los siguientes: 5306/04 (Desalojo); 7316/09 (Usucapión); 5927/20 (Acción autónoma de nulidad), todos radicados en el Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Resistencia.


ARMANDO CESAR GAONA
(Abogado – M.P. STJCH 1999)

DNI 12.104.882 

RESISTENCIA