Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.diarionorte.com/a/217644

Incertidumbre por la fecha en que votarán los judiciales

Afiliados del Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco (Sejch) debían renovar la conducción de la entidad el último viernes, pero el proceso electoral se judicializó e impera la falta de certezas en cuanto a las fechas en la que podrán expresarse en las urnas.

Son dos listas las que completaron las formalidades para la contienda y una de ellas encabeza la actual secretaria General Graciela Aranda, que lamentó lo acontecido. La también líder de la CGT puso en tela de juicio la objetividad de quienes dieron lugar a la medida cautelar que frenó las elecciones. La acción fue presentada en el juzgado laboral de Villa Ángela, donde se desempeña un afiliado que a su vez es prosecretario de la misma dependencia, razón por la cual Aranda entiende que el juez Luis Gutiérrez debía haberse inhibido.

Según indica Aranda, el delegado que promovió a través de allegados la cautelar y el amparo participó de la asamblea realizada en febrero donde se definió la fecha de comicios y la composición de la Junta Electoral, la que se realizó con las generales de la ley, y esta persona había presentado una propuesta que no tuvo el consenso mayoritario.

Graciela Aranda manifestó su decepción por el freno judicial a las elecciones en el Sindicatode Empleados Judiciales.

"Estas maniobras fueron realizadas con el único interés de entorpecer y frenar este proceso electoral, con la ayuda de la lista opositora oficializada, quienes a su vez aportaron pruebas falsas, valiéndose de maniobras vergonzosas, mentiras y engaños, con el objetivo de impedir que los empleados judiciales elijan legítimamente a sus autoridades", expresa Aranda.

Párrafo aparte, la dirigente recalca su decepción ante la estructura de la patronal que considera que se extralimita en sus tareas a punto de tal de colaborar para que el acto eleccionario no se lleve a cabo. En ese sentido, indicó que el juez que dio lugar a la medida cautelar la intimó a que no realice campaña con la amenaza de aplicarle ‘astreintes’ (un tipo de sanción judicial) si desarrolla actividades proselitistas. Como tampoco le dejan distribuir las urnas. "Nos impiden avanzar en nada en el Proceso Electoral por la medida cautelar, cuando saben que lo aportado por la lista opositora es falso", consideró la secretaria general.