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ALEJANDRA GÓMEZ, DE LA RED “RAMÓN CARRILLO”

"A diez años de su sanción, la ley de Biocidas no se cumple"

Cómo continúan los reclamos judiciales y a través del Defensor del Pueblo de comunidades fumigadas en presidencia roca y Pampa del Indio.

La Red de Salud Popular ’Dr. Ramón Carrillo‘ celebró hace poco haber reunido donaciones para la detección de plaguicidas en sangre, como parte de un reclamo judicial.

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Audiencia de denunciantes por contaminación con el defensor del Pueblo en diciembre de 2021 (Facebook).

Si bien las denuncias se acumulan hace casi dos décadas, la cuestión de fondo más reciente está contenida en un amparo presentado a fines del año pasado.

EL COMIENZO

A partir de una intoxicación masiva con agrotóxicos que en octubre de 2021 sufrieron pobladores de campos próximos a un privado, la red presentó un amparo y una medida de no innovar.

La suspensión de las aeroaplicaciones se mantuvo por unos meses pero poco después se reanudaron las fumigaciones terrestres.

AL STJ

El planteo de origen fue rechazado por una primera instancia judicial, tomando argumentos productivos de la empresa y no considerando pruebas presentadas por la red. Esa posición fue convalidada por una cámara de apelación al no considerar que sea la vía idónea.

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La abogada Alejandra Gómez fue reconocida con el premio Mujer Destacada (archivo).

Ahora el reclamo continúa su camino en el Superior Tribunal de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad que cuestiona los argumentos de ambos fallos, por considerarlos incongruentes y contradictorios.

INCUMPLIMIENTOS

‘Vemos que todo lo que se esgrimió no fue suficiente para los jueces; el Ministerio de Salud tampoco se realizó el monitoreo a las poblaciones afectadas, como lo prevé la ley de Biocidas. A diez años de vigencia la ley no se cumple‘, explica Alejandra Gómez, de la red Carrillo.

Por eso impulsaron análisis colectivos para determinar la presencia de fosforados en sangre y alteraciones (aberraciones) cromosómicas en vecinos a campos fumigados.

Para llevar adelante las extracciones se consideraron laboratorios privados de dos ciudades: Resistencia y Mar del Plata, además del Instituto de Medicina Regional.

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