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Para Patricia Lezcano, inflación y agobio impositivo a pymes son barreras a la iniciativa

De planes sociales a empleo formal: “En el mejor de los casos, si se implementa, puede ser un parche”

La directora del Isepci Chaco advierte que uno de los problemas centrales de la economía argentina es el aumento de la informalidad laboral, que se refleja en las 11 millones de personas que aspiran a acceder a una nueva ayuda del Estado vía IFE.  

 La semana pasada fue presentado en el Congreso de la Nación el proyecto de ley "Un puente al empleo", cuyo objetivo es convertir planes sociales en trabajo genuino, generar alivio económico a las mipymes y capacitación laboral a los empleados. Mientras se siguen conociendo algunos detalles, e incluyo que la propuesta podría efectivizarse por decreto y no por ley, voces de distintos sectores ofrecen una postura crítica y de apoyo parcial. “En el mejor de los casos, si se implementa, puede ser un parche, una solución por algunos meses”, opinó la directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Ciudadana (ISEPCI) Chaco, Patricia Lezcano, indicando que Argentina lo que realmente necesita “son medidas pensando en los próximos 15 años”. 

Patricia Lezcano, directora del Isepci Chaco, advirtió que la inflación interanual del 50% junto a la presión impositiva con que cargan las pymes, ponen interrogantes a la verdadera efectividad de la iniciativa para convertir planes sociales en empleo.

Dando cuenta del millón de personas que en el país cobran algún plan social o ayuda del Estado, planteó en diálogo con NORTE: “Tenemos, por un lado, esa cantidad de personas y, por otro lado, 11 millones de personas que están hoy en la informalidad, muchas de las cuales tenían un trabajo y lo han perdido”.  Por eso, resaltó la necesidad de “empezar a generar estas fuentes genuinas” de trabajo, perdurables en el tiempo y que ofrezcan certidumbre a trabajadores y trabajadoras. 

Para Lezcano, la iniciativa oficialista “es una medida posible, con capacitación y formación”, pero el eje del problema “pasa por la situación y el contexto que vive hoy nuestro país, con una inflación interanual del 50% y una evolución que no se detiene, como lo venimos advirtiendo mes a mes, diciendo que vamos a terminar el año superando ese nivel”. 

Un informe publicado esta semana daba cuenta del millón de personas que en el país cobran un plan social, a lo que Patricia Lezcano agregó como dato preocupante las 11 millones de personas que viven de un trabajo informal.

Las pymes 

En ese orden, hizo también hincapié en otro problema importante que puede actuar como barrera para aplicar la iniciativa del gobierno: “Las pymes, que son las principales generadoras de trabajo formal en el país, a la vez, son las más castigadas por la carga impositiva creciente y los créditos no accesibles” o demasiado caros. 

“Venimos planteando que las pymes son el sector más dinámico, que genera más  trabajo y que debe tener una mirada especial y un sistema impositivo menos regresivo”, subrayó. 

Por eso, advirtió que “si sigue el ajuste, no será factible (la conversión de los planes sociales), y será sólo una medida coyuntural, como poner un parche”; y consideró imprescindible avanzar en un debate “de fondo” sobre los problemas económicos del país, sobre los inconvenientes que enfrentan las pymes y también los emprendimientos de la economía popular, que son quienes generan el mayor volumen de trabajo. 

El proyecto nacional 

El proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

Por otra parte, de forma complementaria, promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, a fin de que las mipymes puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. 

Así, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.

La iniciativa busca ser una herramienta que permite a las pymes, provincias, municipios, y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro.

 

Debería discutirse un trabajo permanente, de calidad, con sueldos dignos y con todos los beneficios como vacaciones y cobertura social. 

 

“La informalidad se ha profundizado”

Otra cuestión a tener en cuenta, según marcó Lezcano, es que 11 millones de personas en el país se inscribieron para recibir un nuevo IFE, cuando habían sido 9 millones las personas que percibieron al menos una ayuda de ese tipo de las otorgadas por la Nación en 2020, en plena cuarentena. “Ahí tenemos una situación central que es la informalidad, porque son personas que, si recibieron un IFE, quizás tenían un trabajo no registrado que complementaban con changas o trabajos muy precarios”, expuso. 

“Hay una cantidad importante de la población que hoy está en esa situación y debe haber ahí una mirada especial y una preocupación, porque la informalidad se ha profundizado”, alertó. Por eso consideró que “debería discutirse un trabajo permanente, de calidad, con sueldos dignos y con todos los beneficios como vacaciones y cobertura social”. 

En ese punto, recordó los principales resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Juventudes (ENAJ) realizada por el Observatorio Social de Juventudes (OSJU) del ISEPCI. “El 42% de los y las jóvenes en el país no tiene trabajo y un 76% no tiene cobertura social”, expuso. 

“Tenemos una población muy amplia en la total informalidad. Muchas personas que tenían trabajo y lo perdieron”, insistió, marcando además que “las changas” también “son un problema, porque las dan las familias que tienen una estabilidad, pero ingresos limitados” por la evolución inflacionaria.