La explotación laboral del obrero del monte

La dura jornada del hachero del monte terminaba al anochecer, cuando regresaba a la playa para entregar el producto de su trabajo del día y recibir la paga que fijaba la empresa. Ahí venia la desilusión, ya que lo que le correspondía cobrar nunca alcanzaba a cubrir la deuda del almacén. Esta particular situación lo transformaba en un esclavo que no podía salir ni huir, ya que la patronal tenía su policía de seguridad y control del pueblo.

“No hay plata”, gritaba con arrogancia el contratista, personaje en relación directa con el obrero. Una treta que le reportaba beneficios le permitía extender unos “vales” que tenían u7na dificultad adicional para el que lo recibía: debía cambiarlo por la plata sucia de La Forestal para poder comprar. Obviamente, eso significaba otra pérdida en el marco de una usura generalizada que se hizo costumbre en perjuicio del obrero-esclavo.

Esta figura del “contratista” como intermediario entre la empresa y el peón fue creada y llevada a la práctica con toda la “mala leche”, un ardid para sacar más ventaja aún. El contratista, cómplice directo, el que recibía los golpes para no manchar el nombre de la empresa, obviamente tenía sus beneficios. Fue justicia la que determinó luego de 40 años de esa práctica, acciones judiciales mediante, de la que La Forestal era directa responsable, sentenciando que los contratistas eran meros delegados de La Forestal (sé de algunos de ellos con nombre y apellido).

La empresa consentía la usura que se hacía con los vales, haciendo la “vista gorda” ante el accionar delictivo de los contratistas-delincuentes, les facilitaba esa recompensa por limpiar su buen nombre y honor. Se hizo ver que estos tenebrosos y siniestros personajes eran responsables directos del estado social en que vivían los trabajadores. Soslayaban el negociado de los vales, diciendo y haciendo ver que ellos, La Forestal, emitían monedas como las fichas de metal de “curso legal” en sus territorios (conocí carniceros, panaderos y gerentes de La Forestal). 

La cuestión de la paga con papeles de la empresa se fue ventilando en los ámbitos legislativo y judicial. En el primero, La Forestal tenía sus propios defensores, como el diputado Saccone, que en un informe sostuvo: “La comisión ha tenido la curiosidad de traer un par de estas fichas que son de metal común y dicen “La Forestal  Guillermina – un kilo de carne”. Son órdenes de entrega, un simple contralor, algo así como el papel que entregan las cajas registradoras de los grandes magazines” (Habrá querido decir negocios).  

Fue desmentido por testimonio escrito. Se sabe que las fichas de bronce de 5, 10 y 50 pesos fueron hechas en 1908 en el taller del mecánico de apellido Scharonn de Reconquista, así lo contó su hijo, que en 1941 vivía en Villa Ocampo y remitió sus dichos por carta a una de las tantas comisiones investigadoras. 

También dijo Scharonn hijo que las mandaban a hacer para el pago en el obraje, que estaba prohibido gastarlas fuera de la administración, y que cualquier vendedor ambulante era expulsado de sus dominios. La misma suerte corría el obrero que le compraba. 

Los informes judiciales dijeron verdades. José Gervasoni, autor de uno de ellos: “En cuyos extensos dominios se desconoce por completo la moneda nacional, obstaculizándose en tal forma su empleo para imponer su propia y característica moneda, representada por billetes de fojas 71, que aunque lleva la leyenda de la “Argentine Quebracho Company”, pertenece a la compañía denunciada, por ser esta su sucesora”. 

El inspector Nicklison, en un artículo publicado en el Boletín Nacional del Trabajo, aseguraba; “Por regla general, en los obrajes, casi no circula la moneda nacional. El trabajo se remunera por medio de vales, bonos, leras de cambio y fichas, a fin de que las proveedurías o almacenes de la empresa insuman todo el fruto del esfuerzo obrero. Este sistema de pago que trae como consecuencia una serie de graves dificultades para los trabajadores, constituye el abuso mayor de las empresas, bajo cualquier punto de vista que se lo considere”. 

El inspector jefe Alejandro M. Unsain, suscribiendo el informe, anterior dijo: “Se comprende de lo expuesto que el trabajador de aquella región no recibe la remuneración de sus servicios en moneda nacional, lo que le priva de la libertad de comprar donde le convenga lo que necesita para su subsistencia, ya que la moneda de la empresa emisora sólo tiene poder adquisitivo en las casas de negocio de la misma”.

El monopolio comercial se certificaba con pruebas testimoniales en un proceso contencioso administrativo (juicio mediante el que se controla las actuaciones de la administración pública, cuando los administrados –personas- se hallaren lesionados o amenazados por los actos que el Estado realiza). Constantino Chartier dijo: “Que tiene en La Gallareta un negocio de café y que las mercaderías las tiene que adquirir directamente de la Compañía, sin que esta le permita vender las de otra procedencia”. Hay más. 

Cuando todas las pruebas fueron contundentes para condenar el sistema de pago que completaba el monopolio (el mercado donde una sola empresa es la única oferente de un cierto bien o servicio), los agrodiputados para justificarlo llevaron la cuestión al ámbito de la propiedad privada. Dijo el diputado Filiberti: “Dentro de sus vastas posesiones ejerce monopolio en todos los ramos comerciales”. 

El diputado Saccone efectuó un largo alegato sobre diversos artículos de la propiedad privada regulada por el Código Civil: “¿En qué pude fundarse una prohibición a la compañía, destinada a impedir el monopolio que de factum (acto y hecho) tiene establecido dentro de su propiedad, la que de reflejo le obligaría a aceptar comerciantes ajenos a su administración, sin requerirle el cobro de alguna suma”.

El comercio que se generó en la zona era digno de tenerse en cuenta. Tal volumen alcanzaron las ganancias de la empresa, que por lo obtenido en el almacén y despacho de bebidas de Villa Guillermina pagó de impuesto 3.100 pesos en 1918. Ese mismo año, y por igual concepto, pagó por lo obtenido en la fábrica de tanino instalada en el mismo pueblo, una de las más importante del mundo, nada más que 5.000 pesos. 

Algún tiempo después la compañía permitió que ingresaran en sus dominios comerciantes al menudeo (ventas al por menor). Pero se reservó el derecho de abastecerlos oficiando de mayorista, fijarles patentes por la autorización, y además les alquilaba el terreno. 

Gastón Gori cita el caso de un comerciante que construyó un local para explotar verdulería y un despacho de bebidas, que pagó $ 48 por el arrendamiento del terreno, $ 240 en concepto de patente en cuotas de $ 20 mensuales, total $ 288. La compañía, en el mismo año, contribuía con $ 170 al fisco provincial por un almacén de ramos generales y carnicería instalados en el Ramal San Juan. (Fuente: “La Forestal”, Rafael Virasoro – Biblioteca Nacional, donación Conabip).

*Abogado, especialista en evaluaciones ambientales, escritor e historiador del Chaco y sus ancestros.