Cuando los Judis llegaron de los barcos

Judis fue uno de los ministros de mayor peso en los primeros dos mandatos de Jorge Capitanich como gobernador y llegó a ser el hombre con más poder en la segunda ciudad del Chaco. Ibáñez es una figura de peso en el elenco de intendentes del peronismo.

Ambos fueron expuestos por la justicia federal como protagonistas de una trama escandalosa que presume que formaron parte de una organización que les permitió enriquecerse a costa de un feroz manoteo ilícito de fondos públicos.

El punto de partida en la investigación fue la denuncia formulada en 2016 por la entonces diputada provincial Ana María“Marilín” Canata. La legisladora radical cargó en su presentación un conjunto de datos que le permitió al entonces juez federal subrogante de Sáenz Peña, Aldo Alurralde, dictar un auto de procesamiento impactante, porque ponía a Judis como jefe de una inédita banda de familiares y amigos dedicada con voracidad al desvío de recursos pertenecientes a la Universidad del Chaco Austral (Uncaus) durante los años en que Judis fue su rector.

Plata dulce

El auto de procesamiento dictado por Alurralde en marzo de 2018 pegó en la línea de flotación del barco de los Judis, que para entonces, con Omar a la cabeza, habían desembarcado en bloque, aprovechando credenciales políticas, en la Uncaus, donde hacían y deshacían a su antojo.

El juez (hoy de nuevo ocupándose de lleno de su tribunal en Reconquista), no se anduvo con vueltas y en su texto planteó que para entender la historia que le había tocado desentrañar había que remontarse “a momentos en los que detentando el cargo de ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia del Chaco (Judis) habría visto en la Universidad Nacional del Chaco Austral la posibilidad de disponer a su antojo del dinero que tenía como destino esa casa de altos estudios y allí comenzó a armar la estructura propicia para ello”.

Luego, al describir el modus operandi, explicó que Judis y su cohorte licitaban importantes obras que eran adjudicadas, mediante convocatorias amañadas, a empresas vinculadas a él mismo o sus amigos, como Tridelta, la más conocida del grupo.

El truco más utilizado era que esas firmas presentaban ofertas con precios inusitadamente bajos para quedarse con los contratos, y una vez encaradas las obras pedían recálculos de costos y compensaciones que hacían que en realidad la universidad terminara pagando por ellas mucho más que lo que le hubiera costado hacer esos trabajos con alguna de las constructoras derrotadas en los procesos licitatorios.

Según la investigación judicial, con ese ardid la Uncaus llegaba a pagar hasta el doble del presupuesto presentado originalmente. Alurralde indicaba que todo se hacía “obviamente contando con la complicidad de su grupo de trabajo”.

El juez incluyó en los procesamientos a Juan Carlos Tymkiw, cara visible de las compañías Tridelta y MyD, y citó que hubo casos grotescos de “arreglos”, como “la percepción por parte de una empresa perteneciente a este último (Tymkiw) de sumas de dinero por la obra de una ‘pileta olímpica’ aún antes de firmarse el contrato de adjudicación”.

Efectivamente, el contrato había sido firmado el 29 de abril de 2014, pero ya se había librado un primer pago por la obra... el día anterior. A ello sumaba fondos que se perdían en el pago de “alquileres ficticios” y en el apoyo a programas de la Fundación Uncaus, que presidía Enzo Judis, hijo de Omar, “enviando dinero por tres millones de pesos, de los cuales solo dos millones figuran recibidos en la Fundación, y del resto del dinero no hay noticia alguna, maniobra de los días 18 y 19 de noviembre de 2015. En realidad hay más de 36 millones de pesos que circularon durante los años 2014, 2015 y 2016 entre la Uncaus y la Fundación que no tienen justificación aparente”, redondeaba el juez.

Todo en familia

Uno de los tramos más impactantes del texto fue aquel en el cual Alurralde, resumiendo el resultado de la investigación, decía que Omar Judis “se valió de sus hijos (Enzo Gabriel Judis, Natalia Judis y Daniel Alejandro Judis); de la prima hermana de éstos (Paola Vanesa Parra); también de su propia hermana (María Alicia Judis); de quien sería su yerno (Leonardo Fabián Greatti, esposo de Natalia); de quien sería su nuera (Tania Edith Polischuk, esposa de Enzo); de sus sobrinos María Virginia Radovancich y Germán Eduardo Radovancich (ambos hijos de su hermana María Alicia); de quien sería cuñada de su hijo Enzo, Nadia Estefanía Polischuk (hermana de su nuera Tania); de quien sería hijo de su pareja Julián Pobi (hijo de Marcela Pobi); y de lo que a la fecha se conoce dos ‘amigos/socios/coimputados’: Walter Gustavo López, a quien colocó en el puesto clave de vicerrector, y Luis Sebastián Pugacz, también en el puesto clave de secretario administrativo. A partir de allí Omar V. Judis traería a éste verdadero ‘tablero de ajedrez’ a la hija y al primo de Luis Pugacz (Camila Tania Pugacz y Carlos Gregorio Pugacz)”.

Todo un homenaje al valor de la familia. Con semejante despliegue de gente propia, Judis manejaba la universidad como a un emprendimiento privado de su propiedad. Las designaciones de docentes y autoridades se hacían habitualmente sin respetar las normas y formalidades y con total discrecionalidad.

“Con todas las personas ‘colocadas’ –léase designadas en los lugares claves (...) se efectuaban los actos administrativos necesarios para lograr el desvío de fondos y/o la utilización indebida de los mismos”, apuntaba el magistrado de la causa.

Un proyecto que se truncó

Pero más allá de todo esto, Judis aprovechaba los buenos presupuestos para mostrar ejecutividad. El estadio propio de la Uncaus o el Centro de Convenciones construido en Sáenz Peña lo iban posicionando en la comunidad. A pesar de que a poco de su inauguración el estadio soportó una lluvia mostrando que caía más agua adentro de él que afuera y que un techo del Centro se derrumbó también en pleno estreno de la obra.

Otro recuerdo que dejó Tridelta fue la nueva alcaidía de Sáenz Peña. Poco tiempo después de entregada la obra, sus muros cayeron... por un ventarrón. Como si la empresa hubiera estado dirigida por Tu Sam, el mentalista autor de una máxima que quedó en el corazón de los argentinos: “Puede fallar”. Lo que también acabó fallando fue el proyecto político de Judis.

Su paso por la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuando Capitanich era jefe de Gabinete de Cristina Fernández, dejó tela para cortar y causas judiciales. Y en 2015, cuando quiso coronar su era próspera con el éxito electoral, las cosas volvieron a trideltizarse: perdió por paliza la elección para intendente. Luego llegó el paulatino acorralamiento judicial.

Alurralde lo procesó en 2018 por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública, peculado y cohecho. En aquel documento también fueron procesados Enzo Judis, Walter López, Luis Pugacz y Juan Carlos Tymkiw.

A partir de esa causa, el fiscal federal general Federico Carniel y el fiscal federal Carlos Amad iniciaron una investigación adicional para determinar cuál fue el destino de los activos generados en los delitos mencionados por Alurralde y de qué modo fueron “lavados” para que sus destinatarios pudieran disfrutarlos y utilizarlos.

En un comunicado que emitieron los fiscales en la noche del jueves, luego de los 17 allanamientos en el interior, se dice que hasta ahora “se logró corroborar la existencia de diversas maniobras de lavado de activos, las cuales habrían tenido lugar desde fines de 2011 hasta al menos el año 2018 (inclusive) y como protagonista común a Omar Vicente Judis”.

Y que “se constató” que Judis “así como otros sujetos que integraban esta organización delictiva habrían percibido importantes sumas de dinero que, luego fueron canalizadas hacia la economía formal con la finalidad de disimular su ilicitud de origen”.

En la nueva causa (la que manejaba Alurrade ya fue elevada a juicio), hay además un pedido de citación a indagatoria dirigido a 14 personas. Además de los cinco incluidos en los procesamientos de 2018, aparecen otros entre los que figuran el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, y su hijo Alejandro.

Taco Pozo ya estuvo en la mira de algunos medios nacionales por sospechas de un patrimonio desbordante del caudillo local, y era la localidad que figuró en algún momento como sede de la exitosa Tridelta.

Mientras la pandemia y la crisis económica aplastan, la Justicia genera expectativas.

Por Sergio Schneider

Director periodístico.