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Sergio Schneider

Columnista

Caídos del mundo

En la semana que pasó se conocieron algunos datos que marcan la magnitud que tienen algunos de los problemas de fondo que padece el país, cuyas características indican que no se trata de simples desajustes ocasionales de un sistema que en líneas generales está bien, sino que son fruto de inconsistencias profundas de nuestra realidad.

Uno de esos paquetes de información es el informe “Efectos de la pandemia de covid-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Es un estudio que repasa y en algunos casos recalcula los números que rigen hoy en la estructura laboral del país.

Así, por ejemplo, el informe “corrige” la medición del índice de desempleo teniendo en cuenta algunos factores no considerados por la metodología del Indec. Uno de los criterios que incorpora es lo que denomina “efecto desaliento” de la pandemia, es decir el caso de muchas personas que a partir de 2020 dejaron de buscar trabajo porque las sucesivas medidas de restricción (aislamiento social, impedimentos para la circulación, confinamiento) y el agravamiento de la crisis económica las llevaron a desistir de tratar de conseguir trabajo, por considerar que en el contexto actual se trata de una misión con nulas chances de éxito. Es una cuestión nada menor, porque para el Indec el índice de desocupación incluye a los mayores de 18 años que buscan empleo y no lo obtienen y a quienes trabajan pocas horas a la semana y desearían hacerlo más tiempo. Quienes no buscan trabajo no forman parte de la población considerada desocupada. 

Al considerar a la franja de quienes no buscan empleo por falta de expectativas, y sumando a trabajadores y emprendedores que perdieron sus fuentes de ingresos, la UCA recalcula la desocupación nacional y la sitúa en un 28,5% para 2020. Para el Observatorio de la Deuda Social ése es el “desempleo real”, muy por encima del 11,6% de la medición oficial del año pasado.

UN DRAMA PRIVADO

Por supuesto que en la Argentina el drama del desempleo es básicamente un patrimonio del sector privado. Desde hace décadas el mundo del empleo estatal viene girando en una órbita cada vez más diferente. La decadencia económica y la pandemia hicieron más notables las brechas entre uno y otro. Trabajar en el Estado es sinónimo de estabilidad, exigencias menores y carga laboral más liviana. Hacerlo en la actividad privada implica incertidumbre vitalicia, márgenes más estrechos para las quejas y los reclamos, horarios y disponibilidades más absorbentes. Según de qué jurisdicciones hablemos, implica además hablar de niveles remuneratorios diferentes y de condiciones distintas también para el acceso a los beneficios previsionales.

El caso del Chaco plantea algunas singularidades dignas de mención al respecto. Para empezar, la forma conservadora de hacer política desbordó al Estado provincial de personal, al punto de que hoy la provincia tiene más trabajadores en el sector público que en el privado. Ese solo dato podría ser tomado como toda una declaración de principios de nuestra clase dirigente.

Un muy buen trabajo realizado por la consultora Politikon Chaco en base a datos oficiales mostró que en nuestra jurisdicción había, en diciembre de 2020, una relación de 119 empleados públicos por cada 100 privados. Eso la coloca como la quinta provincia con mayor preeminencia del empleo estatal en relación con su sector privado. Sólo nos superan ejemplos de modernidad política y social como Catamarca, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. En el otro extremo están los distritos más desarrollados del país: Mendoza (36 empleados públicos por cada 100 privados), Buenos Aires (30), Córdoba (26), Santa Fe (25) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12). No es casualidad.

Pero además, cada vez más conseguir un empleo en alguna dependencia pública es el proyecto laboral ideal para quienes se asoman al mercado laboral o ya llevan tiempo en él. Salvo excepciones, se gana más a cambio de menos, y el futuro es más previsible y benévolo. Según Politikon (en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación), en septiembre de 2020 la remuneración bruta (es decir, sin descuentos) promedio de los trabajadores privados registrados del Chaco era de 46.192 pesos, y con ese valor era la cuarta más baja del país (superando sólo a Santiago del Estero, Tucumán y Misiones). Según fuentes oficiales consultadas por NORTE, hoy en el Estado provincial la remuneración de bolsillo (es decir, luego de los descuentos correspondientes) promedio ronda los 60.000 pesos. Las cifras no son totalmente comparables porque el dato de sueldos privados es previo a las paritarias de este año, que sí están en el caso de las remuneraciones del sector privado, pero esa distorsión no supera un diez por ciento (también los privados vieron moverse algo sus salarios desde septiembre, y las mejoras en el Estado no se aplicaron a esta altura del año de manera total, sino cuotificadas).

En el aspecto previsional, las condiciones son también distintas. Los trabajadores del Estado tienen en el Chaco la vigencia del 82% móvil como regla jubilatoria, lo que hace que los haberes que paga el Insssep estén hoy –en términos brutos- por encima de los 70.000 pesos (según las mismas fuentes). Los trabajadores privados están atados al régimen nacional, donde en promedio los jubilados cobran el 38,1% de las remuneraciones del personal activo (según una investigación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, difundida en julio del año pasado) y más de la mitad percibe el haber mínimo, que desde junio será de 23.064 pesos.

SIN CERTEZAS

Hay también una calle amplia que separa la situación de unos de la de los otros, y es la estabilidad laboral. En el Chaco, la de los trabajadores del Estado está garantizada constitucionalmente desde la reforma de 1994. En aquel tiempo gobernaba Acción Chaqueña, y para atenuar el impacto en el gasto público de una oleada de contrataciones efectuada por el peronismo antes de su retirada del poder en 1991, el gobierno de Rolando Tauguinas rescindió en 1993 alrededor de mil de esos vínculos. Para evitar a futuro situaciones parecidas, los constituyentes del ’94 cerraron para siempre la posibilidad de despidos que estén basados en razones presupuestarias. Los empleados públicos sólo pueden ser cesanteados ante faltas graves debidamente acreditadas. 

La emergencia sanitaria hizo más notorias las divergencias. A nivel país, en los primeros ocho meses de 2020 se perdieron 301.000 empleos privados, mientras que el empleo público creció un 0,7% (22.000 cargos más).

Que se entienda: estos números no buscan alimentar una dicotomía entre empleo público y privado que no llevaría a nada. Cada trabajador se amolda a sus circunstancias y sus oportunidades. Lo que sí es cuestionable es el criterio aplicado por quienes -a lo largo de una historia que con altibajos viene rodando desde la recuperación democrática de 1983- convirtieron al Estado no en una herramienta central al servicio del desarrollo de la comunidad, sino en una maquinaria de fines prioritariamente electorales en la que los nombramientos masivos de personal sin parámetros de idoneidad, el clientelismo y el nepotismo (exacerbados con los “operativos retirada” de cada cambio de ciclo) se volvieron parte del manual de instrucciones. Un Estado que necesita hundirle hasta el fondo la mano en los bolsillos a pymes y productores para sostener su parafernalia, y que para el mismo fin obliga a las familias a pagar un IVA del 21% en los artículos de primera necesidad y a los trabajadores a pasar sus ingresos por la trituradora de una inflación escandalosa. 

Los resultados son los que vemos. El mismo informe de la UCA también indica que el 46,4% de los trabajadores ocupados carecen de aportes a la seguridad social y que entre 2017 y 2020 los trabajadores en situación de pobreza pasaron de ser un 15,5% del total al 27,4%. No debe sorprender, la línea de pobreza está muy por encima de una franja importante de salarios. En el Chaco, el instituto social Isepci relevó que el costo de una canasta familiar de gastos básicos fue de 58.630 pesos en abril. Es una cifra que no alcanzan muchísimos trabajadores privados y públicos. Es también un signo del país que tenemos: uno en el cual tener empleo no garantiza no ser pobre.

Algo parecido a lo que sucedió con la nación misma. Las riquezas naturales, el territorio, la educación que alguna vez tuvimos, no nos impidieron hacer todo tan mal como para estar donde estamos. Y resulta evidente que desandar este derrotero no es hacer más de lo mismo, sino cambiar el punto desde el cual se mira el escenario. 

Las medidas de asistencia a la actividad privada anunciadas a nivel nacional y provincial pueden tomarse, en ese sentido, como una señal alentadora. Pequeña, frente a la magnitud del problema, pero al menos apropiada. Lo que resta y está pendiente es un cambio mucho mayor, de verdad paradigmático, en el que estén muy presentes la autocrítica y la necesidad de volver a subirnos al mundo real. 

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