Rebelión en Macondo
“En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. ´Seguro que fue un sueño´, insistían los oficiales. ´En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz´. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales”. (Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”)
La protesta social en Colombia estuvo mediada y contenida durante décadas por la cuestión de la lucha antiguerrillera, que durante mucho tiempo fue situada –con razón o sin ella—como el eje de la política del país: cuando las cosas alcanzaban un grado que molestaba al gobierno, rápidamente los manifestantes eran sindicados como guerrilleros, terroristas y/o criminales, y hasta señalados como agentes del narco, si la audacia y la incontinencia del gobernante así lo querían.
Apenas el paro de los campesinos en 2013 o la protesta estudiantil durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, por su sectorización evidente, su organización estricta y sus demandas concretas, habían logrado librarse parcialmente de ese estigma. El desarme y desmovilización de las FARC y el Acuerdo de Paz firmado en 2016 fueron algunos de los factores que permitieron aliviar un poco a los movimientos sindicales y populares de la descalificación automática y perseguir con mayor determinación sus reivindicaciones.
Eso comenzó a verse en 2019 y en 2020, con las multitudinarias protestas contra la brutalidad policial y las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno, así como por su virtual desconocimiento de los acuerdos de paz con las FARC, el homicidio de líderes sociales (campesinos, indígenas y exguerrilleros), y por la corrupción gubernamental. Y parece haber llegado a un punto de giro en este 2021, cuando la penuria económica exacerbada por la pandemia estremece a los pueblos en todo el mundo.
28 de abril
Para ese día estaba convocado el paro nacional llamado por las tres centrales sindicales (CGT, CUT, CTC) en contra del proyecto de reforma impositiva presentado al Congreso por el gobierno de Iván Duque. La jornada comenzó con un hecho llamativo: en Cali, un grupo de indígenas miksan derribó la estatua del fundador español de la ciudad, Sebastián de Benalcázar, en el icónico panóptico de la ciudad, para llamar la atención sobre el “racismo” y la “discriminación” con que el gobierno trata a los campesinos de esa comunidad. Una primera señal de que no solo los impuestos preocupaban a la población.
La reforma impositiva implicaba un significativo impuestazo contra los salarios y el consumo: una suba generalizada del IVA, extensible a quienes retiraran ahorros de su fondo de desempleo y a quienes cobraran pensiones, y un nuevo impuesto aplicable a los servicios funerarios, entre otras creativas formas de ampliar la recaudación.
El gobierno se proponía así recaudar aproximadamente el 2% del PBI (u$s 6.000 millones más), y lo fundamentaba en la necesidad de "sostener los programas sociales implementados durante la pandemia Covid-19". Sin considerar que la ineficacia y la corrupción ya se habían tragado gran parte de esas ayudas, así como los presupuestos de protección del medio ambiente, la mayor parte de los nuevos fondos irían al pago del endeudamiento externo contraído desde 2018. “Economistas de todas las tendencias advierten que Colombia debe hacer una reforma tributaria que amplíe la recaudación para mantener sus cuentas al día y preservar la reputación de estabilidad ante los acreedores internacionales”, decía un editorial del diario El Espectador al momento de la presentación del proyecto.
Estas innovaciones fiscales caerían como misiles sobre una población ya muy castigada: la pobreza alcanza al 42,5% de la población de 50 millones de habitantes. En 2019 los pobres eran 17,5 millones, y los últimos informes del gobierno los sitúan en los 21 millones. Estas cifras pueden estar mucho más agravadas por los daños sanitarios causados por la pandemia: los trabajadores de la salud están colapsados, ya se superaron los 3 millones de contagiados y hay casi 80.000 muertos (tercer país con más contagios y el segundo con más fallecidos en Sudamérica).
El paro y las manifestaciones contra la reforma fiscal, protagonizadas por sindicatos, organizaciones sociales, movimientos indígenas y estudiantes, fueron tan masivas que se extendieron por las 30 mayores ciudades del país, impulsando a las centrales sindicales a prolongar la huelga (inicialmente llamada para 28 y 29) a los días 30 de abril y 1 de mayo. El Día de los Trabajadores, la multitudinaria manifestación superó ampliamente las de jornadas previas, y casi mil bloqueos y cortes de ruta paralizaban al conjunto del territorio. El gobierno decidió entonces retirar su proyecto de reforma fiscal, mientras insistía en la “estricta necesidad” de “consensuar” uno nuevo con la oposición.
Desde el comienzo de las manifestaciones, predominantemente pacíficas, decenas de hechos vandálicos habían salpicado las marchas en varias ciudades, como en Cali y Bogotá. El presidente Duque y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, consideraron propicia la situación para lanzar a la policía e invocar al ejército contra los manifestantes.
Militarización
El gobierno decretó el estado de emergencia y militarizó varias ciudades, lo que a su vez habilitó otros tantos episodios de violencia desmedida y brutalidad policial que actuaron como un nuevo revulsivo para la protesta, que ya se extendía por una semana. Vecinos y autoridades de muchas ciudades, y sobre todo en Cali, denunciaron que mientras los vándalos contaban con espacio y tiempo a discreción para cometer delitos y destruir, las manifestaciones pacíficas eran reprimidas con redoblada dureza por la fuerza pública.
Nuevas movilizaciones, cacerolazos y luchas callejeras contra las tropas marcaban cada nuevo día de protestas. Unos vehículos artillados que la gente llama tanquetas, y que originalmente estarían destinados a esparcir gases lacrimógenos entre las multitudes, fueron filmados en varias ocasiones disparando proyectiles –aparentemente de plomo—contra los manifestantes.
Al momento de escribir este artículo (13/5), la Defensoría del Pueblo contabilizaba al menos 45 muertos, 648 presuntas desapariciones, más de 500 heridos. Solo en Bogotá se registraban decenas de heridos en la cabeza, la mayoría con heridas oculares, lo que revela el uso de las armas de disuasión con intención letal por parte de la fuerza pública. Interrupciones de los servicios de electricidad e internet coincidieron con muchos ataques policiales contra los manifestantes.
La ONG Temblores ya había registrado, entre los años 2017 y 2019, 39.613 casos de violencia policial desmedida, 289 homicidios y 102 casos de violencia sexual en sedes policiales. Aun así, José Miguel Vivanco, director de Humans Rights Watch en Colombia, dijo sobre el momento actual: “No recuerdo que se haya producido una situación de tantos abusos y donde la Policía haya actuado de una manera tan deliberadamente brutal". La intervención de sicarios y paramilitares contra las protestas empeoró aún más el panorama, con hechos emblemáticos como el tiroteo que dejó en coma al estudiante Lucas Villa en la ciudad de Pereira, fallecido el pasado martes, por parte de dos civiles que transitaban en moto.
El gobierno convoca a dialogar
Así como demoró el retiro de su proyecto de impuestazo hasta que fue muy tarde, el gobierno colombiano demoró más de una semana en comprender que debería negociar con el comité nacional del paro. Recién el 7 de mayo, cuando la autoridad de ese comité comenzaba a ser desplazada en la base por la intervención de comités de estudiantes, comunidades indígenas y asambleas sociales, lo invitó públicamente para una reunión el lunes 10 de mayo. Desde entonces, sucesivas reuniones terminaron en fracaso.
El témpano
Es que el rechazo a la reforma fiscal es solo la punta del iceberg de un repudio generalizado al conjunto de la férrea ortodoxia neoliberal dirigida a garantizar los intereses de las grandes empresas. Tanto el presidente Duque como el exministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, renunciado en medio de las manifestaciones, encarnan el modelo económico que ha puesto al país entre los más desiguales de América y del mundo. La permanente exención de impuestos a los oligopolios mineros y agrícolas, y el intento de impuestazo a los más pobres, son dos caras de la misma moneda.
No menos importante es la cuestión de las “fuerzas de seguridad”: el régimen semipolicial consolidado durante décadas de supuesto “combate a la guerrilla” presidió un enorme proceso de expropiación y desplazamiento que arrojó a millones de campesinos a la miseria mientras se concentraba el latifundio. Desde 2016, los jefes de la principal guerrilla, las FARC, han desarmado a sus combatientes y se han integrado en la política oficial, pero ni policía ni ejército amainaron la violencia. En 2020, el asesinato de 13 personas durante la represión policial a una manifestación en Bogotá llevó a que organizaciones sociales y sindicales reclamaran una reforma policial que incluyera la abolición del “Escuadrón Movil Antidisturbios” (Esmad), principal actor y responsable de aquellos hechos.
Estos dos pilares de los gobiernos colombianos, la economía solo enfocada en el beneficio empresarial y la policía militarizada para controlar la queja social, han hecho imposible hasta ahora que los dirigentes de la protesta consiguieran alguna concesión de Duque. Por el contrario, su mentor Uribe y las voces más extremistas de su partido, el conservador Centro Democrático, se han desgañitado asegurando que la rebelión social está manejada por una estrambótica alianza de “chavistas”, “narcos”, “guerrilleros” y “marxistas”, y han exigido que el gobierno envíe al ejército a las calles, lo que el Presidente ya ha hecho en Cali, en Bogotá y en varias otras ciudades.
Así como el estallido social llevó al retiro de la ley para aumentar los impuestos y a la renuncia del ministro de Hacienda, la bárbara represión gubernamental levantó la preocupación y la crítica internacional, incluyendo las de los gobiernos de EEUU y la Unión Europea, lo que derivó esta semana en la dimisión de la canciller colombiana Claudia Blum.
En ese clima, los pedidos de las centrales sindicales para que se desmilitarice la protesta, que se lance una verdadera vacunación masiva y que se establezca un ingreso mínimo para las familias durante la pandemia, parecen ingenuas aspiraciones fuera de lugar. Si no fuera porque esta semana la protesta ingresó en su tercera semana, se realizó el tercer paro nacional en el periodo, y manifestantes de todos los sectores ocupan las calles de todas las ciudades. La pulseada va en serio.
