Alberto Fernández abrió el año legislativo y anunció la creación de un tribunal para limitar el poder de la Corte

En su discurso de apertura del año legislativo en el Congreso, el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar hoy a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que busca limitar el poder de la Corte Suprema. “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, aseguró el mandatario.

Y agregó: “Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”.

 Según el Alberto Fernández, el Tribunal Federal de Garantías tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, indicó.

 Pero el cuestionamiento al funcionamiento de la Justicia no quedó allí. También le pidió al Congreso que cumpla un rol de control del Poder Judicial. “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república”, aseguró el Presidente.

Al recinto de sesiones del Congreso acudieron, además de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de Diputados, Sergio Massa, miembros del gabinete nacional, y un puñado de senadores y diputados, mientras el resto, incluidos los integrantes de la Corte Suprema, siguió las instancias de manera virtual.

Así, durante su discurso, el mandatario enumeró “desvíos” en los que incurren los funcionarios judiciales como, entre otros, “los femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, las “excarcelaciones improcedentes” y “las detenciones preventivas innecesarias”. También incluyó dentro de las críticas el “per saltum que le asignó extrema gravedad” al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.