Escándalo con vacunas en Perú
Que la falta de transparencia y el abuso de poder no pongan en riesgo el proceso de vacunación. Así lo exigió la organización no gubernamental Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional al fijar su posición sobre el escándalo que estalló en Perú tras conocerse la lista de 487 personas que fueron inmunizadas contra el Covid 19 en forma irregular, haciendo uso de posiciones de privilegio. Salvando las distancias, el hecho recuerda episodios ocurridos en nuestro país que, ojalá, no se repitan.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, reveló que entre los que fueron vacunados a espaldas de la opinión pública, antes de que comenzara la campaña de vacunación en el país, figuran varios ministros y un expresidente.
Por su parte, la organización Proética lamentó que “la crisis moral no tenga visos de retroceder”, al confirmarse que funcionarios públicos -varios vinculados con las negociaciones de los contratos para adquirir las dosis- fueron vacunados, junto con familiares y personas cercanas a ellos, por fuera de cualquier canal regular, utilizando dosis adicionales o “de cortesía” brindadas por la empresa china Sinopharm.
Según la organización, el “colado” (como se diría en la Argentina) más notorio de este grupo es nada más ni nada menos que el expresidente Martín Vizcarra. En la fila de privilegiados también figuran la ministra Pilar Mazzetti, que se vio obligada a renunciar a la cartera de Salud por la fuerte presión de la oposición, y su par de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, quien reconoció públicamente que fue “un grave error” la decisión de aceptar la vacuna en forma irregular y, por ese motivo, no demoró en renunciar al cargo de canciller.
Lo que se les cuestiona, en todo caso, no es que hayan sido funcionarios públicos, sino que recibieron las dosis en forma secreta y antes de que se pusiera en marcha la campaña oficial de vacunación para la población en general.
Esta semana, distintos medios peruanos confirmaron que el expresidente Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz Cabello, fueron vacunados en forma anticipada en octubre pasado mientras él se desempeñaba como primer mandatario, sin revelar en ningún momento esta información a los peruanos.
Pero eso no es todo. Vizcarra intentó justificarse diciendo que él y su esposa habían sido vacunados porque formaban parte de un ensayo clínico, pero esa excusa duró unas pocas horas porque la universidad privada peruana “Cayetano Heredia”, que es responsable de los ensayos, negó que Vizcarra y su pareja hubieran participado como voluntarios.
Perú se convirtió en el primer país latinoamericano en disponer y distribuir oficialmente la vacuna Sinopharm de China (que demostró una eficacia de 79%) el 9 de febrero pasado. Dos días antes, llegaron a Lima las primeras 300.000 dosis de esa vacuna y, de acuerdo con un plan establecido de antemano, comenzó a aplicarse primero al personal de salud. Pero el grupo de privilegiados ya se había vacunado varios meses antes.
El escándalo peruano hace recordar que en nuestro país también se presentaron situaciones irregulares con las vacunas. En enero salió a la luz que 15 personas de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles recibieron dosis sin ser trabajadores de salud. Entre ellas estaban la presidenta del Concejo Deliberante de esa localidad, Laura Brachini, y la concejal Mariana Cané, ambas del Frente de Todos, quienes quedaron en el centro de la tormenta y no tuvieron más remedio que presentar las renuncias a sus cargos.
En la provincia de Santa Cruz, el intendente de Comandante Luis Piedrabuena, Federico Bodlovic, fue criticado por recibir la vacuna antes que el personal de salud prioritario, junto con su esposa y su chofer.
En nuestra provincia las “vacunas de favor” tuvieron su versión local cuando el sacerdote Rafael del Blanco, agradeció en sus redes sociales por estar entre los primeros chaqueños en recibir la aplicación de la Sputnik V.
El reconocimiento no tardó en generar polémica entre quienes observaron que el beneficiado no reunía los requisitos para estar en los listados de Salud Pública con el orden de prioridad, es decir, el personal sanitario que está más expuesto al virus.
Expertos de todo el mundo remarcan que con la pandemia nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo y que, por lo tanto, es vital que las autoridades garanticen una distribución justa de las vacunas. Es de esperar, entonces, que los operativos de vacunación contra el Covid 19 estén libres de toda sospecha.
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