La desescalada continuaría con más aperturas y fortísimas sanciones
La reactivación de los sectores más postergados depende de la aceptación de los protocolos de bioseguridad. Las penas por violar normas superan los $500.000.
Más flexibilizaciones pero sanciones más duras. Si bien resta conocer los detalles de los que dispondrá en decreto que determine las pautas a partir del domingo, la desescalada de la cuarentena continuaría con esos dos criterios rectores camino a la ‘nueva normalidad‘. Los indicios son contundentes.

Desde el propio gobernador, Jorge Capitanich, informando por redes sociales que el Consejo de Desescalada propuso avanzar con más aperturas, hasta la decisión de reactivar los salones de fiestas infantiles después del 7 de noviembre; pasando por las constantes reuniones de funcionarios del Gobierno con referentes de sectores que buscan volver a trabajar; generan las condiciones para anticipar lo que será la nueva etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
En las calles de la ciudad, el semblante se adapta al escenario. Si bien el apego a las normas sigue siendo deficitario en segmentos variables de la comunidad, la movilidad va en ascenso.
NUEVAS SANCIONES
El elemento más novedoso de la etapa que viene podrían ser las sanciones. Si bien en la última sesión ordinaria de la Legislatura el oficialismo no logró juntar los dos tercios para tratar el proyecto, la Cámara analiza en comisión la iniciativa enviada por el Ejecutivo que establece dura penas pecuniarias para los infractores de las normas.
El proyecto aclara que se trata de un régimen sancionatorio ‘excepcional‘ aplicable a aquellos hechos que constituyan un ‘grave riesgo para la salud‘ por transgresión a las normas de bioseguridad en virtud de la situación de emergencia sanitaria.
Las penas previstas van de 25 salarios mínimo vital y móvil (SMVM), esto es 540000 pesos (a valor de marzo) para quien convoque, genere, invite y/o incite la asistencia de personas a eventos sociales, culturales, deportivos y/o recreativos, en espacios públicos y/o privados, con concurrencia mayor a diez personas o que violen los protocolos vigentes.
La condena se extiende a 50 SMVM ($1.080.000) para el locatario del lugar donde se realice el evento y de 10 SMVM ($216.000) para quienes concurran.
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