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Reforma Judicial: el proyecto de ley obtuvo media sanción en el Senado

Con 40 votos afirmativos y 26 en contra queda aprobado el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias. Se sacó la enmienda contra los medios de comunicación.

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La votación por la reforma de la justicia federal obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Ahora resta la prueba de fuego en la Cámara de Diputados.

El Frente de Todoslogró imponer su amplia mayoría en el Senado para aprobar el proyecto que reforma la justicia federal, iniciativa con la que el Gobierno de Alberto Fernández pretende restarle poder a los jueces con asiento en Comodoro Py, responsables de llevar adelante las principales causas de corrupción que afectan al kirchnerismo.

El debate se convirtió en un duelo entre el oficialismo y sus aliados, que cerraron filas en defensa de la iniciativa, y la oposición, liderada por Juntos por el Cambio, que ubicó al proyecto como parte de un plan más amplio destinado a garantizarle impunidad a dirigentes kirchneristas y cuestionó el costo presupuestario por la multiplicación de cargos judiciales en el interior del país.

El corazón del proyecto es la multiplicación de juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires a partir de la fusión de los 12 juzgados del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico.

Esta cifra se verá duplicada con la creación de 23 nuevos tribunales, elevando así a 46 juzgados el fuero federal porteño. Las causas que se inicien una vez sancionada esta reforma recaerán en los flamantes tribunales, que serán ocupados por jueces subrogantes por un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, hasta tanto se realicen los concursos para elegir a sus titulares.

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La votación por la reforma de la justicia federal obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Ahora resta la prueba de fuego en la Cámara de Diputados.

En línea con el discurso de Cristina Kirchner, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), defendió la iniciativa recordando que durante el gobierno de Mauricio Macri existió una "mesa judicial" que se encargó de llevar adelante un lawfare (guerra judicial) contra dirigentes de la oposición.

Anticipándose a las críticas opositoras sobre la supuesta búsquede impunidad del kirchnerismo, Sacnun se preocupó por destacar que "ninguna causa va a ser sacada de los jueces naturales", tras lo cual pasó al ataque contra los senadores de Juntos por el Cambio.

"Que aquellos que han decidido el traslado de jueces sin acuerdo del Senado levanten la voz cuestionando las subrogancias es increíble", sentenció la senadora oficialista.

Sin embargo, la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba), aseguró que el proyecto "es un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar sobre la justicia federal" con el objetivo de buscar "un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno".

Rodríguez Machado también cuestionó lo que denominó como "el festival de cargos" judiciales en el interior del país. Al respecto, aseguró que de los 279 puestos nuevos previstos en el proyecto original se pasó a los más de 900 que quedaron plasmados en el dictamen por la creación de juzgados, cámara y tribunales orales federales en el interior del país.

"Duplicamos los costos de tres mil millones a seis mil millones", se quejó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), quien acusó al oficialismo de llevar a cabo un "canje de votos por cargos en las provincias". "Es una irracional canallada en la realidad argentina que vivimos", agregó.

Tras el pronunciamiento de Cristina Kirchner del último martes, fue notable como los senadores oficialistas se preocuparon evitar hablar de reforma judicial y por acusar a Juntos por el Cambio de haber perseguido opositores cuando fueron gobierno.

"Esto no es una reforma judicial sino que busca impulsar un reordenamiento de la Justicia federal para evitar el cajoneo de expedientes, que impida la construcción de falsas causas, la discrecionalidad judicial, la arbitrariedad con que se manejó en las detenciones durante el gobierno Macri", afirmó la kirchnerista Ana Almirón (Corrientes).

Le respondió la neuquina Lucila Crexell, quien calificó al proyecto como "la no reforma judicial". "No hay garantía de transparencia ni de calidad institucional", agregó la exMPN, quien aseguró que la iniciativa "no combate los operadores judiciales ni la corrupción judicial".

La mayoría que tiene el oficialismo en el Senado le asegura un paso tranquilo al proyecto del Gobierno. La prueba de fuego será cuando pase a la Cámara de Diputados. Allí, el Gobierno tendrá que poner toda su atención para conseguir los votos que, por el momento, no tiene.

Fuente: La Nación. 

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